Por: William Hundelshauseen Carretero
Presidente Nacional APIC
Por las malas políticas del estado colombiano hay un descontento contra el gobierno de Iván Duque que en campaña prometió una cosa y en el poder ha realizado lo contrario, provocando el inconformismo de un pueblo que buscaban en él, un cambio ante tanta corrupción que se venía dando por gobiernos anteriores y este no iba hacer la excepción, por el contrario el incremento fue mayúsculo y querían cobrárselo a los más desposeídos en una Reforma Tributaria que provoco por parte de los jóvenes el estallido social que mantiene en zozobra al país por las consecuencias funestas que se ha originado en los 46 días que llevamos de paro transformándose en otra importante protesta en Latinoamérica. Primero fue Bolivia y Chile, donde el presidente renuncio ante la presión de los marchantes y ahora Colombia el epicentro del malestar social que hierve en todo el continente y el mundo, donde los colombianos residente en todos los países están marchando apoyando a los jóvenes colombianos, dado el rechazo al gobierno del presidente Iván Duque, que llegó al colapso, por un lado el desinterés de las partes en sentarse a negociar, por el contrario están mostrando su capacidad politiquera dado que estamos a escaso un año para las elecciones y por el otro los jóvenes han manifestado abiertamente que no se ven representados por el comité de paro y es con ellos que deben dialogar, a esto se suma que en los 46 días de Paro, producto de la aglomeraciones ha crecido el números de contagiados del COVID-19 y con ello las muertes se han incrementado, aumento en el desempleo y la pobreza, crecimiento de la inseguridad, las políticas económicas y sociales de este gobierno fue la chispa que prendió la llama en un país sumido en la violencia y la desigualdad desde gobiernos anteriores que poco hicieron para librar a Colombia de la hecatombe, ya que este país se cansó de la desigualdad social, del engaño y la corrupción que no ha dado tregua para darle finalización a esta protesta que nos está perjudicando a todos, porque vivimos una masacre por parte de un gobierno corrupto, indolente, y paramilitar, que le da prioridad a sus intereses antes que a su pueblo.
Lo que está sucediendo desde el 28 de abril es el comienzo de muchos levantamientos que han acontecidos alrededor del mundo, y ese es el propósito, generar cambio, paz y asegurarle vida digna a todos los habitantes del pueblo colombiano, sin excepción y sin limitantes, por eso las marchas, las protestas pacíficas, la solidaridad en redes, la divulgación de los hechos en redes sociales y la unión del pueblo, hacen esto posible y aporta de manera positiva a la problemática, pero hay otros sucesos como, muertes por parte de los protestantes y fuerza pública, desaparecidos, infiltrados con intereses de grupos al margen de la ley haciendo vandalismo y violación de algunos derechos fundamentales plasmados en nuestra carta magna.
La indignación popular no la frena nadie, a pesar que el estallido de las marchas fue una reforma tributaria, que fue forzada a retirar y con ella el autor de la misma como fue el ministro de hacienda, la irritación va mucho más allá y excede ese tema. Es el todo por el todo. Y ante esta desazón, el gobierno ha respondido sin canales, tratando de disipar la ira social a la brava, con una violencia que ha dejado muertos y el temor de la ciudadanía a un feroz autoritarismo. Más allá de la Reforma Tributaria, las marchas tienen que ver nuevamente y como ocurrió en noviembre de 2019 con el desgobierno, que se traduce en el mal manejo de la pandemia (en Colombia hay más de tres millones de casos activos), en las disparadas cifras de pobreza reveladas recientemente (la pobreza monetaria ascendió a 42.5% y hay 21 millones de personas en esa condición), en el desempleo que se vino encima (15.9%), en el asesinato sistemático de más de 900 líderes sociales desde 2016, en los más de 27,000 desplazados internos en el primer trimestre de este año y en un proyecto de ley de reforma a la salud que ha recibido ya varias críticas.
El entreverado que devela la inoperancia de este gobierno se suma: la decisión que tomó de hacer una transmisión diaria de un programa de televisión sobre la pandemia, su lucha fracasada de objetar la ley que regulaba a la Jurisdicción Especial para la Paz, su “Conversación Nacional” que usó para frenar el desprestigio que le vino con el paro nacional de 2019 y que nunca concluyó (un mecanismo que pretendió usar ahora).
Aunque todo esto era esperable: Colombia eligió a un gobernante sin experiencia, sin margen de maniobra, que ha tratado de hacer malabares con sus políticas, como quedó demostrado en su intransigente manejo de la reforma tributaria.
La respuesta estatal a las marchas son el índice perfecto para analizar que tenemos un gobierno débil que usa a su fuerza armada para reprimir el malestar social. La brutalidad con la que la Policía ha tratado a quienes protestan, que corrió varios días con un silencio de las autoridades, no solo es muy preocupante, sino que es un acto criminal. Y preocupa que, ante la violencia registrada, el presidente le haya hecho caso a su mentor Uribe, quien por Twitter le pidió militarizar las ciudades o que la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos salga y diga, en medio de todo esto, que los derechos básicamente hay que ganárselos. LA INDIGNACIÓN POPULAR NO TIENE FRENO EN COLOMBIA.
