Desde robo hasta mafia: así califican el rescate gubernamental a AES

Un chantaje, un robo, una mafia, un descaro.

Así han calificado conocedores en temas energéticos, de gobernanza y restructuración de finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el anuncio sobre el multimillonario rescate financiero gubernamental a la empresa AES Puerto Rico.

Como reveló este miércoles otra investigación de La Perla del Sur, ejecutivos de la carbonera consiguieron con el endoso de funcionarios de la AEE y del Negociado de Energía de Puerto Rico que los residentes y comerciantes de la isla paguen a la compañía un paquete agrandado de beneficios económicos de $200 millones, adicionales a los casi $1,100 millones que facturará al país en los próximos 46 meses por generar 454 megavatios de electricidad.

Asimismo, AESPR consiguió el aval gubernamental para que, por primera vez, sean los abonados y no la empresa quienes sufraguen el embarque, acarreo y disposición de millones de toneladas de sus cenizas de carbón fuera de Puerto Rico, como exige la Ley 5 de 2020, también conocida como “Ley para Prohibir el Depósito y la Disposición de Cenizas de Carbón”.

Un “robo millonario”

Según reiteró en entrevista el legislador independiente de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres Cruz, “lo que ustedes han presentado en su investigación es mucho más que un negocio redondo para AES. Eso es un robo al pueblo de Puerto Rico”.

“¿Cómo es posible que a una industria que, quemando carbón y creando tanta contaminación en la zona sur como ha señalado la propia EPA, se le den ahora miles de millones de dólares para que nosotros financiemos su migración a la energía solar y para que el pueblo de Puerto Rico sea quien pague la disposición de sus cenizas?”, cuestionó de entrada.

“Desde el principio fue AES quien estipuló que cumpliría con el contrato y, aun cuando se enmendó la ley, siempre se estableció que las cenizas no las pueden disponer en ningún lugar en Puerto Rico y las tienen que sacar del país, bajo sus costos y bajo sus riesgos”, sentenció.

“¿Cómo es posible que ahora sea el gobierno y todos nosotros quienes tengamos que asumir los costos y los riesgos de esa empresa privada, para supuestamente proteger los 454 megavatios que ellos producen?”, agregó.

“Ahora mismo, lo que la propia autoridad debería estar haciendo es incautar a esa empresa, llevarlos por incumplimiento al tribunal y, entonces, que sea la propia Autoridad la que se encargue de producir esa energía y no estar financiando las operaciones de una empresa privada, para beneficiar con el dinero público a bonistas y accionistas de AES”.

“Repito, esto es un crimen, es el robo millonario del sistema eléctrico de nuestro país”, expresó Torres Cruz. “Y con su aval, el Negociado de Energía, el gobernador Pedro Pierluisi y el director de la Autoridad, Josué Colón, se han vuelto cómplices, de esto y de todos los negocios redondos que se están haciendo con nuestro sistema eléctrico”.

Tras los comentarios, el legislador agregó que si no lo hubieran removido de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico de la cámara baja, tras su desafiliación del partido de mayoría en ese cuerpo, “los estaría citando a todos, porque nos mintieron, no solo a la comisión, sino al país entero”.

“Y referiría a Jesús Bolinaga y a todos estos funcionarios al Departamento de Justicia y a las autoridades federales por perjurio”, añadió.

¿Por qué pagarles por el sol?”

 “Es bastante descarado escuchar esto… y ni hablar de esas cifras”, respondió de otra parte Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo y cogestor del movimiento para convertir al municipio de Adjuntas en un pueblo solar.

Su reacción inmediata aludía a los contratos por $7,500 millones concedidos a AESPR para crear una finca fotovoltaica en mil cuerdas de terreno ubicadas entre Salinas y Guayama para vender a la AEE 400 megavatios adicionales de electricidad, por los próximos 25 años.

“¿Para qué le vamos a pagar el sol a una empresa con base en Virginia?”, preguntó. “¿Para qué necesitamos a AES instalando energía solar en Puerto Rico? Con esa cantidad de millones se puede casi energizar con placas y baterías hasta el 40 por ciento de todas las unidades de vivienda que hay en este país”.

¿Por qué privilegiarlos, cuando el legado de esa empresa ha sido de amplia contaminación en aguas subterráneas, de cenizas, de negación de los problemas que han causado? Esa no es la ruta”, enfatizó. “La ruta tiene que ser privilegiar a la gente e impulsar la generación distribuida primero, usando los techos antes de usar una pulgada de tierra agrícola”.

“Antes teníamos que pagar el petróleo, el gas y el carbón a estas empresas. ¿Por qué ahora le vamos a pagar el sol a una empresa en Virginia?”, repitió.

“Esta propuesta es más coloniaje energético, es la misma relación de poder, extractivista y no aporta a la independencia energética de Puerto Rico. Es más, compromete la agenda alimentaria y compromete que otros sectores en Puerto Rico puedan producir energía con el sol y generar riqueza para el país”, añadió.

No obstante, Massol Deyá opinó que el problema de fondo no es solo la “glotonería” de los ejecutivos de la carbonera. También calificó como desconcertantes las decisiones de quienes imponen políticas en el gobierno y “siguen privilegiando a la industria de los combustibles fósiles, sobre el interés público”.

“Esto es mantener la misma relación de poder, de dominación energética para mantener al país, al pueblo, secuestrado como un consumidor, en lugar de democratizar la generación energética”, condenó.

“Nosotros en Casa Pueblo impulsamos independencia y democracia energética, y esto es lo opuesto. Esto es colonialismo energético, y muy antidemocrático, a costa del interés público”.

“Una mafia de energía”

Sobre la postura del gobierno y el rescate financiero a esta empresa privada, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez planteó con una coloquial frase lo que sospecha que aquí ha ocurrido: “Follow the money!”.

Para abundar a su comentario, expresó que “cuando tú ves la conducta irracional de un político o de un funcionario gubernamental o ves que se comporta en contra de la lógica, de la razón o los intereses del pueblo de Puerto Rico, tiene que haber algo más”.

“Y todos sabemos que a nivel global la energía mueve billones de dólares, si no trillones, y que sobornar a los funcionarios que tienen la capacidad decisoria en un país para otorgar contratos de energía o de explotación de recursos naturales, es peanuts, eso es una simpleza”, indicó.

“¿Cómo se explica que esa gente que son, supuestamente, expertos en negocios financieros, graduados de universidades prestigiosas, que tienen las firmas de consultores más prestigiosas del planeta, cometen esos errores tan garrafales?”, preguntó el también experto en materia de quiebras y la Ley PROMESA.

“Tú te preguntas por qué y la respuesta es, pues, que juegan para el otro equipo”, continuó. “Juegan para el equipo de esas empresas y reciben beneficios que a veces son directos, como los sobornos, y a veces son indirectos, como las invitaciones a fiestas, las influencias, los empleos a los parientes y dolientes. Te llevan a campos de golf y hasta te montan en sus aviones privados”.

A su juicio, este escenario se concreta con “lo que hemos visto en los últimos años. Y es la instalación, aquí, en Puerto Rico, de una mafia de energía”.

“Uno no puede ver esto exclusivamente desde la perspectiva de lo que está pasando con AES. Hay que verlo en el macro y te vas a dar cuenta que todo responde a la instalación en Puerto Rico de una mafia que es avalada por el Gobierno de Puerto Rico, tongoneada por el Gobierno de Puerto Rico, para que hagan ganancias por muchos años en Puerto Rico, a costa del dolor y sufrimiento de los puertorriqueños”, opinó.

“Nos empujan a otra quiebra”

Entretanto, el expresidente del colectivo sindical UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, calificó la concesión de cientos de millones de dólares adicionales para AESPR como un “chantaje” de los directivos de esa empresa al que el gobierno nunca debió acceder.

“Si en las postrimerías de su contrato nos dicen que no tienen las ganancias adecuadas, el estado tiene la facultad de poner en manos de la compañía eléctrica pública a esa empresa y, reitero, yo no apoyo la permanencia de la carbonera en Puerto Rico, pero aquí el chantaje es claro. Y la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno han consentido la socialización de las ganancias proyectadas de esa compañía privada”, declaró.

Por otro lado, Figueroa Jaramillo advirtió que en la medida en que se siga gravando la capacidad de pago de los consumidores residenciales y comerciales de la AEE “a través de contratos de privatización como los de LUMA y Genera u otros tan onerosos como los de $7 mil millones para AES”, se compromete aún más el capital del pueblo.

“Y que a nadie le quede duda. En este proceso impuesto, incluyendo el Plan de Ajuste de la Deuda de la autoridad (AEE) nos empujan a otra reestructuración, que no es otra cosa que una segunda quiebra en años venideros”, añadió.

“Ironía indignante”

Por último, el presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente en la República Dominicana, el abogado Eurén Cuevas Medina, describió como una “ironía indignante” que AESPR reclame “y consiga millones de dólares para su operación y beneficio en Puerto Rico, mientras en nuestro país se sigue negando a resarcir al pueblo que envenenó con sus cenizas”.

Entre los años 2003 y 2004, al menos 27 mil toneladas de cenizas tóxicas generadas por la carbonera fueron a parar a un solar adyacente al muelle Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril, colindante con una comunidad de trabajadores agrícolas y pescadores.

A partir de entonces, la salud del suelo y sus habitantes empeoró. (Para conocer más, acceda a los reportajes Algo pasó en Arroyo Barril y Quedan cenizas y muerte 15 años después).

“Leí el reportaje y me siento indignado, no solo con la AES, sino con las autoridades de Puerto Rico que están poniendo otra carga económica en el pueblo”, sentenció Cuevas Medina.

“Tras haber sufrido la contaminación de micro partículas en las emisiones de gases de la carbonera y la toxicidad de sus cenizas en suelos y acuíferos, ahora también condenan al mismo pueblo a asumir una responsabilidad que no le corresponde. Le corresponde a esa empresa multimillonaria, a quien le toca la responsabilidad de disponer de manera adecuada esos desechos tóxicos, como son las cenizas que están sacando de Puerto Rico”, continuó.

“Yo le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico para que reflexione y le reclame a sus autoridades que no fueron electas a puestos públicos para tomar decisiones que los perjudiquen. Que el gobernador y los diputados (legisladores) fueron nombrados para tomar decisiones que los beneficien. Por lo tanto, que revoquen ese contrato leonino”.