Medio Ambiente

Desarrollo, perspectivas ético-ambientales y planes de manejo de áreas protegidas (y II)

Tres cuestionamientos por el Día Internacional de la Diversidad Biológica

Por Heidy Lorenzo

Ojadiario mayo 26, 2024

Más allá del “desarrollo”: Planes de manejo de áreas protegidas Vs. Biodiversidad

Para el 2022, el World Wild life Found (WWF) analizó a casi 32,000 poblaciones de 5,230 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a escala mundial a través de su Índice Planeta Vivo. Concluyó que son cinco los factores que amenazan a la biodiversidad: Cambios en los usos del suelo y el mar; explotación directa en los organismos; cambio climático; contaminación; y las especies invasoras.

En el caso de la República Dominicana, su biodiversidad hace de ella un espacio biogeográfico exclusivo de la América Tropical, con destacada importancia tanto para la ciencia como para el desarrollo económico y social[2].De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para agosto de 2023, el país contaba con 131 unidades de conservación protegidas bajo seis categorías de manejo abarcando una superficie de 25.32% del territorio dominicano.

Sin embargo, las especies de flora y fauna se pueden ver amenazadas debido a las problemáticas ambientales que se han suscitado a lo largo del tiempo a nivel local y global. Son considerables los daños a la flora y a la fauna marina y terrestre que provocan un desequilibrio de los sistemas ecológicos.  

Esto hace necesario, de manera imperativa, que se implementen estrategias que reconozcan la importancia de la supervivencia de estas especies, su vulnerabilidad ante el paso de eventos extremos y ante el incremento de las actividades antropogénicas insostenibles. La ejecución efectiva de los planes de manejo de las áreas protegidas es una de las soluciones a considerar en esta materia.

Ahora bien, y dando entrada al tercer cuestionamiento: ¿constituyen estos planes una garantía para reducir la pérdida de biodiversidad en un espacio determinado? ¿Mejoran, de manera considerable, las condiciones de vida de las especies? Cuando se promulga la ley Núm. 64-00, la República Dominicana da un paso agigantado en aspectos de institucionalización de la materia ambiental. Con ella se crea la, para entonces, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Es en su artículo 16 donde queda definido el concepto de biodiversidad como el conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos, de genes, paisajes y hábitats en todas sus variedades.

La referida ley apunta, además, hacia un enfoque intergeneracional al reconocer la relación recursos naturales- biodiversidad-ser humano. Esta señala que los recursos naturales y la diversidad biológica son la base para el sustento de las generaciones presentes y futuras, por lo que es de urgencia que el Estado Dominicano aplique una política de medio ambiente y recursos naturales que garantice un desarrollo sostenible.

No es la primera vez que un instrumento legal atribuye al Estado la responsabilidad de velar por el cuidado del medio ambiente. Más adelante, en el 2010, lo hace la Constitución de la República[1] uno de los documentos básicos para la política nacional sobre biodiversidad (MARENA, 2011, p. 34). La carta sustantiva, en su artículo 67, señala que el Estado tiene el deber de prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. Sin dejar de mencionar a la Ley Núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya propuesta de visión a largo plazo para la Nación va en consonancia a lo que dispone la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto se ejemplifica en su cuarto eje estratégico: “Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles…”

La manera que posee el Estado para cumplir con estos propósitos se despliega a través de la promulgación y ejecución de leyes y la implementación de políticas económicas y ambientales e instrumentos como los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas.

Es con la ley Núm. 202-04 que surge el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En ellase define al plan de manejo como un documento técnico y normativo que contiene el conjunto de decisiones sobre un área protegida. Esta definición, consagrada en su artículo 2, se amplifica. Agrega que el documento establece prohibiciones y autorizaciones, y norma las actividades que son permitidas en las áreas protegidas. A esta ley, le antecedieron y sucedieron ratificaciones de instrumentos como el ya referido Convenio de Diversidad Biológica.

Se debe partir de esta definición para señalar que la importancia de los planes de manejo de las áreas protegidas radica en los productos que pueden aportar al medio ambiente. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016, p. 47) estos pueden procurar, entre otras cosas: Un diagnóstico general del área protegida; estudios del potencial de uso público del área; marco técnico y legal para el manejo del área protegida; una base de datos de los actores que inciden o participan en la gestión del área protegida.

Viendo todas estas normativas y conceptualizaciones, se hace un retorno al tercer cuestionamiento: ¿No constituyen, entonces, los planes de manejo y las áreas protegidas en sí mismas,herramientas que garantizan la protección y supervivencia de la biodiversidad? No necesariamente.

Los Planes de Manejo no necesariamente garantizan la supervivencia de la diversidad biológica. Ejemplos de esto son las prácticas de “tumba y quema” en áreas protegidas del país, el conuquismo practicado en Los Haitises; las reiteradas vejaciones a las que se encuentran sometidas Las Dunas de Las Calderas, en la provincia Peravia, junto a sus comunitarios; la continuidad exasperante del funcionamiento de las Barcazas en Los Negros, Azua. Y es que estas actividades se llevan a cabo sin la debida ejecución de planes de contingencia ante el daño inminente ocasionado a la salud de niños/as, adultos y ancianos, y los ecosistemas terrestres y marinos, por no mencionar los incendios ocurridos constantemente en zonas forestales vitales para el resguardo y protección de diversas especies.

Por lo que la consecución efectiva de los planes de manejo de áreas protegidas quedará supeditada, entre otras cosas, al ejercicio o no de actividades antropogénicas desmesuradas, a los cambios e impactos derivados de la práctica de las mismas, a la voluntad política y a los efectos del cambio climático que se hacen sentir y sobre los que ya se ha referido el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) a través de sus informes. Lo que sí es cierto es que, al garantizar la permanencia de espacios destinados como hábitat a la vida silvestre y a diversas especies, se está garantizando su protección, se reducen las amenazas, se garantiza el derecho a un medio ambiente sano, y se promueven actividades ecoturísticas. Mackinnon et al., (1990) y la Subsecretaría de Turismo (2017) como se citó en Espínola et al., (2020, p. 178), en el contexto de Paraguay, consideran que las áreas protegidas ofrecen beneficios tangibles para la sociedad y juegan un papel central en el desarrollo social y económico de poblaciones rurales por sus atractivos naturales y culturales que promueven la conservación de paisajes y contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.


 

Sin duda, la crisis ambiental actual nos lleva a repensar y poner atención a la cuestión ecológica en este 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. Obliga a recurrir a otros métodos menos convencionales y a administrar mejor los ya existentes para enfrentarla a través de la implementación de iniciativas regulatorias y sostenibles. Considerando que no siempre los planes de manejo de áreas protegidas constituyen una garantía para la reducción de la pérdida de la diversidad biológica, se debe procurar, entonces, que los mismos estén diseñados bajo un enfoque holístico, que pase de la prevención a las consecuentes penalización y fiscalización. Un enfoque multidimensional orientado, a su vez, hacia parámetros de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Además, del establecimiento oportuno de medidas de mitigación y adaptación por los efectos del cambio climático que desde ya se hacen sentir. Se debe procurar la continua actualización de herramientas que provean información sobre la biodiversidad en la República Dominicana, así como la adopción de una visión eco-amigable, no antropocéntrica-excluyente, en la que la naturaleza no constituya una mera herramienta de satisfacción humana subyugada bajo una visión reduccionista e instrumental.



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