Someten ante la Procuraduría General de la República a 8 altos funcionarios

Martes, 28 de noviembre de 2023,
Santo Domingo, D.N.
Ciento trece víctimas se querellan en contra del ministro de medio ambiente y
recursos naturales Miguel Ceara Hatton y los viceministros Indhira De Jesús de gestión
ambiental, Federico Alberto Franco Tavera de áreas protegidas y biodiversidad y José
Ramón Reyes de recursos costeros marinos, por ser responsables de los daños
provocados por las barcazas instaladas en Los Negros de Azua propiedad de la razón
social Karpowership Dominan SAS.
Plantean los querellantes que les advirtieron a las autoridades ambientales y de
energía, que no permitieran la instalación de esas barcazas en esa “Reserva de Vida
Silvestre Manglares de Puerto Viejo”, porque era ilegal y además iba a provocar daños
irreversible al ecosistema, dicen los pescadores además que las evidencias no se han
hecho esperar y se han producido tres grandes siniestros, como la mortandad masiva
de peces, derrame de BUNKER C e incendios de una de las barcazas, provocando
derrame y nueva mortandad de peces), todo esto ha ocurrido en menos de seis (6)
meses de operación de las barcazas.
Otros funcionarios sometidos son Andrés Emmanuel Astacio Polanco y Edward
Antonio Veras Díaz, Superintendente de Electricidad y Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Energía respectivamente, por habérsele advertido mediante
acto de Alguacil, que no otorgara autorización a dicha empresa a instalar barcazas para
operar en la zona de amortiguamiento del área protegida con el combustible más sucio
de los derivados del petróleo y no hicieron caso, otorgaron las autorizaciones
contraviniendo la ley de pesca y acuicultura, la ley No. 64-00 y la Constitución de la
República.
El director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente,
Euren Cuevas Medina, como el abogado que encabeza la barra de la defensa de la
salud y el medio ambiente de las víctimas, manifestó que, producto de los tres grandes
siniestros que se han suscitado por la instalación de las barcazas en el área protegida,
hábitat natural del manatí, obliga a la Suprema Corte de Justicia a paralizar las
operaciones de las Karpowership, inclusive de oficio, sin que haya la necesidad de
solicitarlo, sin embargo, se lo estamos solicitando de manera formar como una medida
de urgencia en virtud del artículo 8 de la Ley 64-00 y el artículo 67 numeral 5 de la
Constitución.
Entre las solicitudes de las victimas están la imposición de una medida de coerción real
de cuarenta millones de dólares americanos o su equivalente en pesos a los imputados
Miguel Ceara Hatton, La señora Indhira De Jesús, Federico Franco, José Ramón Reyes,
Andrés Enmanuel Astacio Polanco, Dr. Ruddy González, Antonio Ozuna, estos dos
últimos alcaldes de zua y Los Negros respectivamente y Carlos Roberto Matamoros

Bregni, Orhan Remzi Karadeniz estos últimos en calidad de gerente y propietario
respectivamente de la Razón social Karpowership Dominican Repúblic, S.A.S., como
garantía para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ecosistema, a las
víctimas y a toda la población.
Otro petitorio importante realizado por los querellantes es que se le imponga prisión
de diez (10) años a cada uno, en virtud de lo previsto en los artículos 80 literal g y 81
de la Ley de Pesca y Acuicultura, que se cancele la licencia ambiental a la Razón social
Karpowership Dominican Repúblic, S.A.S., y sean sacados del país.
Aseguraron las víctimas que los funcionarios locales son más responsables que los
demás, porque viven y conocen la población víctimas, sin embargo, los alcaldes se
hicieron coautores de los daños causados a la biodiversidad y a las personas, continúan
diciendo los querellantes, que está científicamente comprobado que una gota de
bunker C, contamina cuatro mil litros de agua, lo que en un área protegida de Reserva
de Vida Silvestre es una bomba.
Los querellantes manifestaron su indignación con las autoridades ambientales que
tienen el mandato legal expreso de proteger el patrimonio biológico de la República
Dominicana, so pena de cometer delito, sin embargo, promueven su destrucción
emitiendo autorizaciones ambientales contraviniendo la ley, y los informes que han
levantado de los siniestros de las barcazas, que dan vergüenza, pero no pudieron
ocultar en el informe del derrame, que las barcazas a parte de todas las otras
violaciones, están violentando las normas de calidad del aire, toda vez que no tienen
filtro de minimizar los impacto, independientemente, de que ese veneno que expulsan
las barcazas no debe estar ahí con o sin filtro, peor aún sin filtro, afirmaron las
víctimas.
Por último el jurista ambiental Euren Cuevas Medina, que estuvo acompañado del
vicepresidente de INSAPROMA Dr. Jorge Lizardo Vélez, Benustrides Beltre, Baudilio
Piña, Ignacio Diógenes Árias y Braulio Piña Valdez, le hace un llamado a la Procuradora
General de la República Mirian Germán, que actúa rápido en este caso, que mañana es
tarde, por la urgencia que amerita paralizar las operaciones de las barcazas, por el
daño permanente que están causando a las áreas protegidas por la constitución y las
leyes como son los manglares, corales, las praderas de hierbas marina, el Parque
Nacional Francisco Alberto Caamaño, Playa Monte Río, Playa Blanca, playa Caracoles,
Bani y la Bahía de Ocoa, así como también el tramo playa Caobita – promontorio El
Curro, citando el Lic. Cuevas un estudio del mismo ministerio de medio ambiente.