Solicitan apertura de persecución penal contra Odebrecht y sus socios en Punta Catalina

En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, el movimiento Marcha Verde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, solicitaron la apertura de persecución penal de Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella y, también en contra de la actual gerencia de Punta Catalina por complicidad con estas empresas y por disponer de dinero del pueblo dominicano para reparar los vicios de construcción de esta Central.

Mediante carta dirigida a la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, depositada esta mañana, piden que se persigan los actos de corrupción de estas empresas perpetrados en la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Las entidades justifican la medida basada en las múltiples denuncias realizadas tanto a nivel nacional como internacional, contra Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella por sobrevaluación, pago de sobornos y lavado de activos cometidos en Punta Catalina.

También apoyan la solicitud de apertura de persecución penal contra Odebrecht en que esta empresa brasileña rompió el acuerdo de lenidad que la protegía de la persecución penal.

Manifestaron que a pesar de que Odebrecht incumplió este acuerdo de lenidad, dejando de pagar al Estado dominica US$124 millones de US$184 millones que se comprometió entregar como indemnización por sus actos de corrupción, la Procuraduría General de la República no ha anulado este acuerdo.

Alegaron que el párrafo único del artículo tres de Obligación de información y pago de cuotas de este acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al Ministerio Público a dar por terminado el presente acuerdo”.

Informaron que el acuerdo dispone además “a retener las sumas que hubiese sido pagadas y a reiniciar la persecuciones penales y civiles en su contra como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito, y como si el criterio de oportunidad nunca hubiese sido solicitado”.

Señalan en la carta dirigida a la magistrada Germán, que la empresa Grupo Marie Tecnimont fue acusada por el fiscal de Milán, Italia, Isidoro Palma, de lavado de activos y de otros delitos en la construcción de Punta Catalina.

Explicaron que esta acusación contra Tecnimont fue finalmente archivada en Italia porque el fiscal Palma se le impidió acceder al territorio nacional para recoger las pruebas de esta acusación, a pesar que había dirigido en el año 2019 una carta rogatoria para realizar indagaciones en República Dominicana.

“La Procuraduría General de la República, ni bajo la administración de Jean Alain Rodríguez ni bajo la actual, nunca respondió a esta solicitud que provenía de una autoridad legítima que perseguía delitos de una empresa de su país que a su vez perjudicaba a nuestro pueblo”, dice la carta depositada.

Igualmente las organizaciones acusan al consorcio constructor de Punta Catalina de haber cometido estafa contra el Estado y el pueblo dominicanos, al entregar esta termoeléctrica con numerosas y graves fallas técnica estructurales.

Citan como pruebas de la existencia de estas fallas a la auditoría técnica forense que realizó a Punta Catalina, Sargent & Lundy, empresa estadounidense seleccionada para esta tarea a través de licitación pública internacional.

En la misiva, las entidades enlistan las principales fallas identificadas por la auditoría técnica forense en las dos unidades de Punta Catalina, que a juicio de esta auditoría son de la exclusiva responsabilidad del consorcio constructor.

“Esta auditoría indica que las plantas de carbón de Punta Catalina tiene 51 tipos de diferentes fallas técnicas, de las cuales el 55% de las mismas poseen el riesgo de ocurrir entre un nivel medio y alto, y el 65% de estas fallas de ocurrir tendrán un impacto entre un nivel medio y alto (Ver Entregable No. 1, 4. Conclusiones y evaluación de riesgos, Páginas 155 a 180)”, asegura la carta.

Denuncian que en el presente Odebrecht, además de gozar de impunidad, dirige en la práctica a Punta Catalina.

Alegan como prueba de este poder el hecho de que Odebrecht se rehúsa entregar los códigos del software que controla las funciones y operaciones automáticas de la Central.

Acusan a la actual administración de Punta Catalina de estar financiando la reparación de las fallas técnicas estructurales con el dinero generado por la venta de electricidad de la termoeléctrica.

“Sin embargo las autoridades  nacionales y la gerencia de la Central Punta Catalina en vez de someter a la justicia al consorcio encabezado por Odebrecht siendo consecuentes con los hallazgos y conclusiones de la auditoría, dejaron vencer la fianza de 100 millones de dólares depositada como garantía de la obra, han encubierto estas fallas y han reparado con dinero del pueblo y del Estado dominicanos las fallas más urgentes y que más imposibilitaban el normal funcionamiento de las plantas”, afirman en la carta dirigida a la magistrada Germán Brito.

Por esa razón, las organizaciones plantean que también se debe ordenar la persecución penal  contra la gerencia de Punta Catalina, la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, EGEPC, por encubrir y ser cómplice de la estafa perpetrada por Odebrecht y sus socios en contra del Estado y del pueblo dominicanos, y por disponer de dinero del pueblo para reparar los daños causados por esta estafa.

Movimiento Marcha Verde

Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA

Pies de fotos:

0473: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, Manuel María Mercedes, declaró a la prensa que las organizaciones están solicitando a la Procuraduría General de la República, PGR, el inicio de la persecución penal en contra de Odebrecht, sus socios y cómplices por sus crímenes en Punta Catalina.

0481: Carlos Campusano del Movimiento Marcha Verde, y Manuel María Mercedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, encabezaron la rueda de prensa que realizaron en la explanada de la Procuraduría General de la República, estas entidades, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA.