Una remodelación de 13 millones que se facturó en 34 en gestión de Jean Alain Rodríguez
Pepca atribuye al exprocurador y compartes el suplantar contrato original del inmue
Exprocurador Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE)
Durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez se habría pagado más de 34 millones de pesos por la remodelación de un inmueble, cuyos costos de trabajos, se determinó después, apenas alcanzaron los RD$13 millones.
Se trata de la Casa La Seiba, en Bella Vista, Santo Domingo, que, según se cita en el expediente acusatorio contra los involucrados en el caso Medusa, todavía se mantiene en condiciones poco habitables, pese a la supuesta inversión realizada.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala que el inmueble figura a nombre del
Estado dominicano, en virtud de un decomiso penal, y que fue dado en custodia a la empresa Fire Control Systems, aunque alega que la beneficiaria real es la señora Giselle Amelia Herrera Del Castillo.
“Faltando menos de siete días para cesar en sus funciones de procurador general de la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se coalicionó junto a los funcionarios Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, director administrativo y financiero de la Procuraduría, y Alejandro Martín Rosa Llanes, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, para desfalcar al Estado dominicano mediante la emisión ilegal del cheque No. 001239 de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta Especializada de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República”.
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El cheque, por valor de RD$34,522,364.30, lo emitieron a favor de la entidad Fire Control Systems, bajo el supuesto de “reembolso de gastos por penalidad incurridos por la empresa Fire Control Systems, SRL, por remodelación, terminación y costos asociados”.
El Ministerio Público relata que la señora Herrera del Castillo realizó mejoras a la vivienda y que, para que se le pudieran pagar por los mismos, debía solicitarlo a través de una compañía. Sostiene que, a esos fines, el señor Vicente García Moronta compró para ella, a un
precio de RD$30,000, la referida empresa, la que permanece a nombre de Héctor Antonio Germán Doñé, su antiguo dueño.
Luego describen que, para la emisión del cheque, tanto el exprocurador como Rodríguez Imbert procedieron a la alteración, supresión y suplantación de las cláusulas del contrato inicial de custodia que se firmó el 31 de octubre de 2019 entre la Unidad de Custodia y Fire Control Systems, creando un nuevo contrato con la misma fecha, pero de alquiler.
Al nuevo contrato le habrían agregado que la Procuraduría tenía intención de finalizar la construcción del inmueble a los fines de que el mismo se encontrara en condiciones óptimas para su alquiler y eventual futura venta. Indica que, para eso, Fire Control Systems mostró interés en finalizar la construcción y alquilar el inmueble, presentando una cotización que asciende a RD$36,000,000.
También se estipuló que la Procuraduría pagaría a la empresa mediante cuota de descuento de alquiler.
Para demostrar las alteraciones de parte de los acusados, la Pepca establece que, en sus declaraciones, Germán Doñé aseguró haber vendido la empresa en 2020 y que para entonces llevaba cinco años sin operatividad, que estaba quebrada.
Sostiene, además, que Rosa Llanes, como director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, emitió una comunicación indicando que la vivienda sería puesta en venta, pese a que eso nunca ocurrió.
También refiere una comunicación en la que la empresa habría requerido el pago de los 34.5 millones por los trabajos realizados, la
que establecen “no guarda ningún tipo de timbrado o sello de la compañía Fire Control Systems, y que mal nombran Fine Control Systems”, tampoco tiene sello de recibido de parte de la Procuraduría.
Aún más, afirma que el informe de gastos de remodelación que emitió la empresa, tampoco cumple con las formalidades de ley, pues no muestra relación fiscal de los gastos incurridos.
