TSA vuelve a aplazar audiencia sobre barcazas acusadas de afectar a Los Negros de Azua
Lunes, 06 de octubre de 2025, por Isidro Valdez
INSAPROMA y organizaciones comunitarias exigen la nulidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto.
Santo Domingo, R.D. – La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) volvió a aplazar la audiencia sobre la instalación de las barcazas generadoras de energía en la comunidad de Los Negros, provincia Azua. La nueva fecha fue fijada para el lunes 17 de noviembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en modalidad virtual.
El aplazamiento fue solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de depositar un informe técnico que, según la institución, demostrará que no existe un impacto ambiental negativo vinculado al proyecto energético desarrollado en la zona.
Durante la audiencia celebrada este lunes de manera virtual, la representación legal del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), encabezada por su director ejecutivo, el abogado Euren Cuevas Medina, y por su asistente, la abogada Heidy Lorenzo Jiménez, Cuevas destacó, que el pedimento de Medio Ambiente es «confuso e improcedente, ya que en materia ambienta quien tiene que probar son los demandados y no los demandantes», sostuvo Cuevas Medina en su participación.
El recurso legal fue interpuesto por INSAPROMA junto a la Asociación de Vendedores de Pescado de Los Negros, la Junta de Vecinos La Nueva Esperanza, la Fundación Pro-Desarrollo de Los Negros y otras organizaciones sociales y comunitarias. Las entidades demandantes acusan al Ministerio de Medio Ambiente, a Karpowership Dominican Republic y a la Procuraduría General Administrativa de aprobar de forma irregular el proyecto, sin cumplir con los procedimientos ambientales establecidos por la legislación dominicana.
Desde su llegada a la provincia de Azua, el proyecto de las barcazas ha sido fuertemente criticado por sectores comunitarios, sociales y medioambientales, quienes advierten sobre potenciales daños a los ecosistemas marinos, la pesca artesanal y la salud de las comunidades costeras.
Las organizaciones demandantes reiteraron su compromiso con la defensa del medio ambiente y exigieron la nulidad de la licencia ambiental, alegando que la autorización otorgada contraviene los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.
