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TSA decide que Acción de Amparo en contra de Barrick Gold no es de Extrema Urgencia sin notificar a los abogados de la parte accionante

Martes 24, junio de 2025, por Kelvin Isidro Valdez

La audiencia fue aplazada por nuevos intervinientes voluntarios.

Santo Domingo, R.D — En el marco de la audiencia pública virtual celebrada la mañana de este martes, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) decidió que la Acción de Amparo interpuesta por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en contra de la minera Barrick Gold no será conocida como una acción de extrema urgencia, pese a que en la primera audiencia los jueces no habían tomado una decisión al respecto. Esta sorpresiva determinación generó desconcierto entre las partes accionantes.

La audiencia, pautada para las 9:00 de la mañana, se celebró de manera virtual y fue aplazada para el 8 de julio, a los fines de que las partes tomen conocimiento de la intervención voluntaria, la cual fueron depositada el día de ayer por un conjunto de organizaciones encabezadas por el Comité de Desarrollo comunitario de Hatillo, así como para que también, tomen conocimiento del escrito de defensa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, depositado, de igual forma, el día de ayer.

Euren Cuevas Medina, con parte del bufet de abogados y abogadas que le acompaño en la segunda audiencia de acción de amparo.

La acción de amparo, fue presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Red Socioambiental Nacional, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), así como el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); aunque en esta ocasión, se notificó que esta última organización ya no está siendo representada por los accionantes.

El caso busca hacer frente a la violación de derechos humanos y ambientales cometida por la empresa minera Barrick Gold, en conjunto con cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Este proceso judicial constituye una demanda histórica por el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la minería a gran escala, y representa un paso clave en la lucha por la justicia ambiental en República Dominicana.

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