Trump lleva a la corte a Chicago e Illinois por proteger a inmigrantes indocumentados
Jueves 6, feb 2025. Por Kelvin Isidro Valdez
EE.UU. – En un nuevo enfrentamiento entre el gobierno federal y las llamadas «ciudades santuario», la Administración del presidente Donald Trump presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de obstaculizar las labores de las autoridades de inmigración.
La demanda fue interpuesta en una corte federal en Illinois y busca que se declaren inconstitucionales las normativas estatales y locales que impiden la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según el Departamento de Justicia, estas medidas limitan la capacidad de las autoridades locales para compartir información sobre inmigrantes indocumentados con el gobierno federal, dificultando así las deportaciones.
Este es el primer litigio de este tipo que la Administración Trump emprende contra un gobierno local, en el marco de su estrategia para reforzar las políticas migratorias y endurecer las acciones contra los más de 11 millones de personas que residen en el país sin estatus legal.
En particular, el Departamento de Justicia señala tres regulaciones específicas que, según el gobierno federal, interfieren con la aplicación de las leyes migratorias: una ley estatal de Illinois, una ordenanza del condado de Cook y una disposición municipal en Chicago. Estas normativas prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes federales de inmigración y restringen el acceso a información sobre la población migrante.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Trump ha sostenido que las ciudades y estados que protegen a inmigrantes indocumentados deben enfrentar consecuencias legales y financieras. Su administración ha amenazado con recortar fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con ICE, una medida que ha generado intensos debates y múltiples desafíos judiciales.
Por su parte, las autoridades de Chicago y del estado de Illinois han defendido sus políticas migratorias como una forma de garantizar la confianza de la comunidad en las instituciones locales y evitar que los inmigrantes indocumentados vivan con miedo a denunciar delitos o buscar ayuda de las autoridades.
El caso ahora está en manos de la corte federal de Illinois, que deberá determinar si las regulaciones locales y estatales violan la Constitución o si el gobierno federal está excediendo su autoridad en la aplicación de leyes migratorias.
