En esta entrega, el Licdo. Euren Cuevas Medina, director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), comenta acerca del Proyecto LB, una granja porcina que depositaba las heces de sus cerdos en el río El Limón, y que pasaban, posteriormente, al río Jamao al Norte.
El empresario Luis Manuel Brache, propietario del referido proyecto, transformó las aguas cristalinas de este río en un caldo de cultivo de la bacteria E. Coli al depositar, durante 8 años, las aguas negras de su proyecto sin ningún tratamiento previo.
Asimismo, Euren Cuevas, denuncia cómo autoridades públicas ignoraron las graves actuaciones del empresario en violación de la Ley Núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y pasando por alto las normas relativas a la gestión de granjas porcinas.
Pese a que estas violaciones se constataban desde el 2016, en 2018, la empresa recibió un permiso ambiental para dar continuidad a su proyecto. Sin embargo, en el 2019, la Procuraduría hizo que esta estableciera ciertos límites: El Proyecto LB firmó un acuerdo con el que debía obtener los biodigestores necesarios para frenar la contaminación ocasionada.
No obstante, las actividades no cesaron.
El síndico, los ganaderos y demás miembros de la comunidad protestaban continuamente contra el señor Brache y su proyecto. Esto los condujo a llevar el caso ante los tribunales dominicanos representados por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el jurista Carlos Alberto de Jesús García Hernández, con la colaboración de la Procuradora General de Medio Ambiente de la provincia Espaillat, Milagros García Grullón, logrando, en una primera etapa, la interposición de una medida de coerción real de RD$100 millones de pesos, dictada por el juez Anderson Jael Cuevas Mella.
Fue en este pasado mes de julio en que la jueza Esther Nazareth Puntier, terminó con estas actividades antiéticas. La magistrada condenó al señor Luis Manuel Brache a cumplir un año de prisión, a impartir conferencias a los porcicultores de la comunidad, a restaurar el daño causado, suspensión de la licencia ambiental del proyecto, y al pago de RD$15 millones de pesos dominicanos.
Finalmente, Euren Cuevas, ratificó su conformidad con la decisión debido a que es un precedente importante y de esperanza para la preservación de nuestros ríos. Al mismo tiempo, hizo un llamado para que los jueces dominicanos tomen en cuenta el interés colectivo y difuso, y las autoridades públicas intervengan ante actuaciones ilícitas y promuevan la ética en materia ambiental.
