Tribunal aplaza audiencia sobre barcazas en Azua tras solicitud de Karpowership
Lunes, 4 de agosto de 2025, por Kelvin Isidro Valdez
Organizaciones sociales insisten en la nulidad de la licencia por violación a normas ambientales.
Santo Domingo, R.D. – La audiencia sobre la demandad en nulidad de la licencia ambiental, otorgada al proyecto de barcazas energéticas en el municipio de Los Negros, provincia de Azua, fue nuevamente aplazada por la Tercera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), tras una solicitud presentada por la empresa Karpowership Dominican Republic con el fin de preparar su medio de defensa como parte recurridos en el proceso judicial.
La solicitud fue acogida por el tribunal, y tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Procuraduría General Administrativa se adhirieron formalmente a la petición de la empresa. Como resultado, la nueva fecha de audiencia fue fijada para el lunes 1 de septiembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en modalidad virtual, lo cual permitirá a los accionantes notificar formalmente el auto correspondiente una vez sea emitido.
El recurso legal fue interpuesto por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), junto a la Asociación de Vendedores de Pescado de Los Negros, la Junta de Vecinos La Nueva Esperanza, la Fundación Pro-Desarrollo de Los Negros, y otras organizaciones sociales y comunitarias.
La acción judicial está dirigida contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karpowership Dominican Republic, y la Procuraduría General Administrativa, a quienes se les acusa de aprobar de forma irregular el proyecto energético, sin el debido respeto a los procedimientos ambientales establecidos por ley.
Cabe recordar que en marzo de 2023, arribaron a la provincia de Azua dos barcazas generadoras de electricidad, como resultado de una licitación impulsada por el Estado dominicano, en un intento por fortalecer la matriz energética nacional. Sin embargo, desde su llegada, el proyecto ha sido fuertemente cuestionado por sectores sociales y medioambientales que alertan sobre los posibles daños a los ecosistemas marinos, la pesca artesanal y la salud de las comunidades costeras.
Las organizaciones demandantes han reiterado su compromiso con la defensa del medio ambiente y exigen la nulidad de la licencia ambiental por considerarla inconsistente con los principios de legalidad, participación y sostenibilidad.
