Santo Domingo, RD
A probar las reformas de carácter político-electoral y de los actos del registro civil debería ser una prioridad del Congreso Nacional y de la clase política dominicana.
Son dos pasos que deben darse sin esperar la cercanía de las elecciones del 2024.
Es factible que desde ya se empiecen a consensuar los aspectos que requieren modificación, para que cualquier cambio se introduzca con suficiente tiempo.
Si se deja para cuando ya el país esté inmerso en el proceso electoral, principalmente lo concerniente a las reformas de las leyes 15-19, de régimen electoral, y 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, se correría el riesgo de que se repitan experiencias negativas del certamen del 2020.
Las autoridades electorales tuvieron que organizar las elecciones pasadas con reglas nuevas contenidas en legislaciones de reciente promulgación, una del 2018 y otra del 2019.
Fueron leyes aprobadas al vapor, pese que a tenían más de 10 años de discusión en el Congreso Nacional y en la cúpula de los partidos políticos.
Trajeron disposiciones no solo contradictorias y confusas, sino también inconstitucionales, como se demostró más adelante, cuando el Tribunal Constitucional anuló varios textos de la ley electoral y de partidos políticos.
Resoluciones aprobadas en base a disposiciones de esas normas legales motivaron impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que anularon actos del órgano de administración electoral y lo obligaron adoptar nuevas normativas. Hay que recordar lo ocurrido con la resolución 08-2019, emitida por la JCE el 7 de mayo del 2019, que estableció el método de arrastre para la elección de los senadores del Distrito Nacional y 5 provincias y sin arrastre en 26. En septiembre de 2019, el TC la declaró inconstitucional (TC-0440/19) y el Pleno de la JCE tuvo que emitir una nueva resolución.
Cualquier modificación a las leyes de partido y electoral debe hacerse proporcionando las condiciones de espacio para una aplicación sin traumas, pues las labores de organización de unos comicios implican una logística compleja y demanda de una amplia capacitación, que se extiende a los militantes y dirigentes de los partidos.
