Jueves 31, de octubre 2024

Santo Domingo. En una flagrante y preocupante violación de los acuerdos firmados por el Estado con las comunidades desalojadas por la construcción de la presa de Monte Grande, los directores generales del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos-INDRHI y del Instituto Agrario Dominicano-IAD están tratando de bloquear la ejecución del Proyecto de Asentamiento Agrícola para las familias desplazadas para dar paso a la obra, inaugurada por el presidente de la República en enero del presente año.

Cuatrocientas noventa (490) familias cedieron sus predios y viviendas, esperanzados con los acuerdos firmados con las autoridades del gobierno de turno, en los que el Estado se comprometía, a través del INDRHI y del IAD, a construirles un nuevo centro poblado dotado de viviendas con todos los servicios públicos correspondientes a una comunidad digna, a pagarles sus cosechas y mejoras destruidas durante el proceso constructivo y a asentarlos en un proyecto agrícola a desarrollar en terrenos aptos para la agricultura, con agua permanente, riego presurizado, asistencia técnica, dotación de equipos, caminos, apoyo financiero y de comercialización de sus productos, entre otros compromisos.

Tales acuerdos han sido ratificados dos (2) veces por los funcionarios del INDRHI y del IAD con los dirigentes de los Comités de Protección y Defensa de las Comunidades Desalojadas-CPDCD por la presa (Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta), teniendo como testigos y firmantes solidarios a representantes de la Iglesia Católica, el Centro de Promoción Campesina Lemba y otras organizaciones de la sociedad civil de la región.

Sin embargo, luego de reelecto el gobierno, los directores del INDRHI, Ing. Olmedo Caba, y del IAD, Francisco Guillermo García, en compañía de subalternos y funcionarios de los ministerios de la Presidencia y de Agricultura y de otras dependencias oficiales, después de más de 2 años sin cumplir, mediante maniobras divisionistas entre los desalojados están tratando de bloquear y no ejecutar el asentamiento agrícola, aprovechándose de la desesperación de algunas familias afectadas, a quienes les ofrecen dinero a cambio de las 20 tareas de tierras que le faltarían para completar las 30 tareas consignadas en los acuerdos firmados. Se pretende así liberar al Estado y gobierno de su obligación de desarrollar dicho asentamiento, entregando sólo 10 tareas en terrenos a habilitarse cerca del poblado de Monte Grande.

Esta deleznable acción, aparte de cuestionar la ética con que negocian los representantes oficiales, entra en contradicción, además, con el compromiso hecho por el presidente de la República ante los desalojados, en ocasión de su visita a la zona, el 18 de febrero de 2023, para dejar inaugurado el nuevo centro poblado en Monte Grande, de entregar las 30 tareas de tierras del asentamiento agrícola el mismo día en que se inaugurara la presa. Sin embargo, el presidente volvió el 25 enero de este año 2024 a cortar la cinta sobre el muro de la presa, pero no trajo consigo los títulos de las tierras, incumplimiento de palabra de Jefe de Estado que sumió a los desalojados en un calamitoso calvario que aún viven, mientras esperan que el presidente cumpla con su responsabilidad de tal y honre su palabra.  

Esto continúa, a pesar de que el ex ministro de la Presidencia, Lic. Joel Santos, actuando por orden del propio presidente, estuvo gestionando la solución de los problemas del asentamiento y de los pagos por indemnización por daños y perjuicios hasta abril del presente año; pero después de las elecciones, ni él ni funcionario alguno del gobierno volvió por Monte Grande, hasta que el pasado martes, 22 de los corrientes, el Ing. Olmedo Caba llegó a reunirse con los Comités, después de hacerlo en Santo Domingo.   

Resulta racional y moralmente inconcebible e inadmisible que, habiendo estas familias entregado sus tierras que por toda la vida constituyeron su único medio de sustento, para dar paso a un proyecto que va a incorporar a la producción más de 350 mil tareas, dizque no se encuentre en las cuencas media y baja del río Yaque del Sur 10 mil tareas aptas para riego y producción, para desarrollar el programado y ansiado asentamiento agrario de Monte Grande, cuando en dichas cuencas, sobre todo en el Valle de Neiba, el Estado tiene cientos de miles de tareas de tierras aptas para la agricultura, algunas baldías y otras en manos privadas, legal e ilegalmente, principalmente del Consorcio Azucarero Central-CAC, arrendatario del Ingenio Barahona, quien se las ha apropiado silenciosa o violentamente, en complicidad con funcionarios del sector agropecuario. Dichas tierras muy bien pudieren ser destinadas a suplir esta perentoria necesidad estatal de dotar de una parcela en un asentamiento agrícola modelo a 490 familias que hoy sufren una desgarradora situación de hambre y desesperación.     

Eso de querer dar dinero por tierra es una actitud deshonesta, abusiva e indolente, solo propia de funcionarios irresponsables, pues con ella, no solo se violentan y desconocen compromisos contraídos a nombre del Estado se firmaron con los CDPC de las comunidades afectadas, sino que:

1. Se condena a esas familias a continuar viviendo su pobreza ancestral como pequeños propietarios y productores agrícolas para la subsistencia, impidiendo su desarrollo como empresarios, asociados en una gran cooperativa de productores agrícolas;
2. Se les elimina la posibilidad de establecer una fuente permanente de generación de empleo agrícola y de ingresos sostenible para todas las familias asentadas;
3. Se desconocen y pisotean las disposiciones de la Ley 589-16 y los objetivos del Plan de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) en la RD, al privar al país de una fuente de producción promedio anual de más de 20,000 mil toneladas de alimentos para el consumo nacional y el comercio internacional;
4. Se desvanece la oportunidad de comenzar a reducir y golpear de manera contundente y sostenible el hambre, la desigualdad, el desempleo y la pobreza que caracterizan a la población de la Región Suroeste del país.    

No es lo mismo un pobre campesino minifundista con 10 tareas de tierra, produciendo por cuenta propia para la subsistencia de su familia, sin apoyo técnico ni económico y sin posibilidades de crédito ni de desarrollo, que un campesino asociado a sus iguales en una cooperativa de producción agrícola y pecuaria, con apoyo y asistencia técnica del Estado, mercado seguro para sus cosechas y como sujeto de crédito de la banca pública y privada. El primero reproduce la pobreza, no crea riquezas; mientras que el segundo produce riquezas para su familia, la comunidad y el país como empresario agrícola.    

De los compromisos antes citados, solo las viviendas y las edificaciones para los principales servicios públicos y de policía del centro poblado han sido construidos y equipados en su mayoría, otros aún están pendientes de entrega; pero las casas no han sido habitadas en su totalidad, en vista de que las familias no han podido mudarse definitivamente en ellas, en vista de que, al no tener tierra para producir, no tienen de dónde generar los ingresos para el sostén familiar, por lo que Monte Grande tiene hoy el aspecto de un cementerio urbano.  

No se trata de compromisos clientelistas de politiqueros en campaña electoral, sino de compromisos contraídos y firmados a nombre del Estado, razón por la que el presidente de la República está en la obligación ineludible e impostergable, en su condición de jefe de la administración pública, de cumplirlos y hacerlos cumplir, sin más dilación ni mareos, a través del Ministerio de la Presidencia, los directores del INDRHI, del IAD y demás altos funcionarios de entidades vinculadas. Sin permitir, ¡de ninguna manera! que por conveniencias coyunturales de funcionarios ocasionales se desvirtúen los justos, acertados y progresistas objetivos origínales planteados en el Proyecto de Asentamiento Agrícola de los Desalojados de la Presa de Monte Grande: Entrega de tierra ¡NO DE DINERO! con agua segura y riego presurizado y pago de daños por perjuicios, incluyendo a los damnificados de Hato Nuevo Cortez.

Señor presidente, cumpla con su palabra, honre los compromisos del Estado y ejerza la función de presidente para la cual se le eligió: libere a las familias desalojadas por la presa de Monte Grande de la tragedia de hambre y penurias que padecen la indolencia e irresponsabilidad de algunos funcionarios de su gobierno. El pueblo pobre y olvidado de las regiones Enriquillo y del Suroeste se lo agradecerán. FIN.

Autor: Leonardo Mercedes