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Rechazo al contrato de Apache de exploración y explotación de hidrocarburos frente a la costa de la ciudad de Santo Domingo

Por Edwin Gabriel García

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, solicita a la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados, que recomiende al Pleno de esa Cámara, rechazar el contrato suscrito el 22 de octubre de 2020 entre el Estado dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso, y Apache Dominican Republic Corporation LDC, representada por su vicepresidente, Timothy R. Custer para exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís, como resultado de la primera ronda de bloques de petróleo y gas de la República Dominicana, celebrada el 27 de noviembre de 2019.

El licenciado Euren Cuevas Medina se presentó ante la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís demostrando las razones del rechazo a este contrato:

  1.  Por los graves e irreversibles impactos ambientales, ecológicas y climáticos que producirá la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas frente a las costas de la ciudad de Santo Domingo.
  2. Afectará a la República Dominicana como destino de turismo sostenible o verde.
  3. Por ser los hidrocarburos una inversión de alto riesgo y de baja rentabilidad.
  4. Por ser este contrato una estafa contra el Estado dominicano.

La exploración y explotación de hidrocarburos en un área de dos mil quinientos treinta y cinco con cuarenta y nueve kilómetros cuadrados (2,535.49 km2), ubicado desde la ciudad de San Pedro de Macorís hasta Bajos de Haina de la provincia San Cristóbal, abarcando todo el frente del Gran Santo Domingo, teniendo a cinco kilómetros de distancia el límite más cercano a tierra, producirán los siguientes impactos asociados inevitablemente a este tipo de minería en aguas profundas:

Contaminación al suelo, subsuelo, cuerpos de agua, la costa y playas de este litoral, por medios mecánicos, químicos, métodos sísmicos o sónicos y por aumento de la temperatura del mar, especialmente con el empleo del fracking o fractura de roca para extraer petróleo y gas natural.

Los resultados de estos impactos son la desaparición de la flora y fauna marinas y de los ecosistemas marinos y de las especies que habitan en ellos.

Además, la exploración y la explotación de hidrocarburos libera gases de efecto invernadero en grandes cantidades, causantes del cambio climático, particularmente del gas metano que posee un potencial de calentamiento ochenta y seis veces mayor que el dióxido de carbono.

Este contrato forma parte de la agresión de Apache, de TOTAL y de otras petroleras en contra del mar Caribe, que están perforando pozos en aguas profundas ante las costas de Trinidad y Tobago, de Guyana y de Surinam.

De continuar desplazándose la industria petrolera y gasífera del territorio continental de los EUA hacia el Caribe, empujada por las restricciones medioambientales vigentes en ese país, así como en procura de menores costos de producción, convertirán a nuestro mar en un gran lodazal y en un mar muerto, incluido el litoral del Gran Santo Domingo.

 Estas grandes emisiones de gases contribuirán a aumentar los fenómenos extremos del cambio climático haciendo al país más vulnerable a éstos. Este incremento de estas emisiones impedirá a la República Dominicana cumplir con el Compromiso Nacionalmente Determinado de reducir los gases de efecto invernadero en un 27% al 2030.

 De igual manera la apertura de pozos de hidrocarburos frente a la ciudad de Santo Domingo, Primada de América y Patrimonio de la Humanidad, y ante la puerta de entrada de los puertos de la ciudad de Santo Domingo, de San Pedro de Macorís, Andrés, y Haina, entre los que se encuentran los principales puertos comerciales del país y de mayor ingreso de turistas por mar, será un golpe de muerte a la marca país asociada al trópico y a la naturaleza, y a esta actividad que es actualmente la más importe para nuestra economía.

 La aprobación de este contrato con Apache y el inicio de las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos, representará una gran merma del turismo o su desaparición que no podrá ser compensada por los posibles ingresos de este acuerdo, aún en el mejor de los escenarios que está muy lejos de hacerse realidad.

El otorgamiento de la concesión a la empresa Apache de la exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís, como resultado de la primera ronda de bloques de petróleo y gas de la República Dominicana, celebrada el 27 de noviembre de 2019, en Houston, Texas, EUA, fue ilegítimo e ilegal.

Esta ronda de licitación debió declararse desierta y abrir otra ronda como originalmente se había previsto.  De nueve empresas que se presentaron, solo una, Apache, mantuvo su oferta, sin respaldo de ningún financiamiento bancario. Este episodio es una repetición de la licitación del contrato de Punta Catalina, que fue adjudicado a la única empresa que quedó en la licitación después que se excluyeran las demás mediante un procedimiento fraudulento.

El contrato suscrito con Apache es en extremo ventajoso para esa empresa y lesivo para el Estado y los intereses nacionales, con un texto oscuro y contradictorio, con artículos en blanco pendientes de redacción en el futuro por las partes, colocado por encima y en contradicción con nuestra legislación, que reconoce la vigencia de la legislación de un país extranjero y con una vigencia de hasta 60 años.

Según los artículos del acuerdo (5.1, 5.2, 5,3, 5.4, 47.1 y 61.1.vii), Los dueños reales del contrato, las denominadas “Empresas Participantes” que no son identificadas en ningún lugar y que tienen todo el poder de cambiar a Apache por otro operador, siendo ésta la empresa que suscribe el presente contrato junto con el Ministerio de Energía y Minas.

Una muestra del débil control del Estado sobre los yacimientos y de la producción de hidrocarburos del país, es que el contrato limita hasta un 15% de la producción de hidrocarburos de propiedad del contratista para ser adquirido de forma preferencial con el propósito de satisfacer la demanda local y se prohíbe que pueda ser vendida fuera de la República Dominicana.

El régimen de exenciones fiscales consignados en el contrato es tan generoso para la empresa Apache y las Empresas Participantes, que a los actuales niveles de precio de los hidrocarburos en el mercado internacional, los cuales tienden a mantenerse a la baja hacia el futuro, el Estado apenas recibirá un ingreso mínimo trimestral de 3.00% por barril de petróleo y de 2.00% por mmbtu de gas natural. Esta regalía es sumamente baja en comparación con la regalía que recibe Guyana y Surinam que es de 6.25%, la de Brasil de 16% o la EUA de un 12%.

Los ingresos por la aplicación del Impuesto sobre la Renta serán insignificantes, dado que este impuesto se aplicará a los valores que resten después de deducir los Costos Deducibles y Recuperables que son la inversión y los gastos de Apache. Al aplicarse el ISR a toda la renta o utilidad, los posibles ingresos del Estado por este concepto serán afectados.

Este contrato está en contradicción y desconoce la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, No. 1.12, que ordena la descarbonización de la generación eléctrica y de la economía nacional, reemplazando los fósiles por energías de fuentes renovables, y la reciente adopción, ante la comunidad internacional, del Compromiso Nacionalmente Determinado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27% al 2030 y la neutralidad de carbono para el 2050.

En el debate de este contrato con la empresa Apache se está tomando la decisión de escoger entre una economía de fósiles o una economía verde basada en energías renovables, y también si queremos o no salvar el mar Caribe de la contaminación de la explotación de los hidrocarburos.

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