Cambio Climático

Organizaciones medioambientales manifiestan preocupación por amenazas a líderes y profesionales medioambientales en Latinoamérica

Compartimos la declaración de organizaciones medioambientales frente a amedrentamientos y amenazas hacia líderes y profesionales que velan por el resguardo de los ecosistemas. En este texto expresan su preocupación ante estas situaciones, haciendo un llamado a la firma del Acuerdo de Escazú como medida de protección a los defensores ambientales. Léela completa aquí.

En el primer trimestre del año en curso, hemos sido testigos de nuevos amedrentamientos y amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental, cuestión que se viene repitiendo sostenidamente, debido a la impunidad en la que han quedado los diversos casos.

La situación anterior se encuentra agravada por el delicado momento político en el cual nos encontramos en donde la violencia estatal, post estallido social ha estado presente en el último año y medio, el que además ha sido llevado en un contexto de estado de excepción.

Los territorios y las comunidades resisten a diario ante la arremetida del extractivismo que se hace presente en los territorios, bien saben los defensores ambientales que el desarrollo de proyectos de gran escala en materia energética, forestal, minera o de salmonicultura, generará la perdida de bienes comunes, romperá el tejido social y afectará la salud de aquellos que se encuentren cercanos a estos, por la contaminación y efectos que estos tienen en los ecosistemas.

Lo anterior ha implicado una resistencia por años, en la que dichas personas colocan en riesgo incluso su propia vida en la defensa de los bienes comunes. Esta resistencia ha generado, el malestar de quienes desarrollan sus actividades extractivas y con ello han utilizado el modus operandi de amenazar y amedrentar a quienes defienden la naturaleza y el sostén de vida que esta proporciona.

Es por ello que hemos visto cómo el 13 de febrero del presente año, en las instalaciones del APR de San José en la comuna de Cabildo, se le hicieron rayados en las paredes de la instalación, en donde se amenazaba de muerte a Verónica Vilches, integrante de Modatima.

El 22 de marzo, el día mundial del agua, fuimos testigos del ataque y amedrentamiento del candidato independiente a la Convención Constitucional por el distrito 9, Uriel González, el cual fue amenazado por dos personas que armados con cuchillo lo subieron a una camioneta azul, dejándolo abandonado en la comuna de Conchalí, en donde sus captores lo amedrentaron diciéndole “No te metai con el agua”.

El 28 de marzo, Michael Lieberherr, estudiante de periodismo situado en la comuna de Choapa es amenazado, por vía telefónica en donde le dicen “que se encontraba vigilado y que debía salir de la ciudad donde se encontraba residiendo”, lo anterior a raíz de la investigación que se encuentra realizando, el cual es un reportaje en el contexto de su memoria de título, en la cual indaga la posible responsabilidad de empresas mineras en los desastres ambientales que afectan a diferentes localidades rurales.

Los tres casos mencionados son acciones cobardes, que buscan desalentar la protección del agua, los ecosistemas y el trabajo de investigación periodística, en donde actividades económicas extractivas, ante la impunidad que tienen en los territorios, a través de personas que realizan el trabajo sucio, amedrentan a quienes defienden la vida. Hacer mención que, en todos los casos, los afectados han realizado las respectivas denuncias.

La política de persecución es inaceptable, por lo que el Estado debiera disponer de la búsqueda de la verdad y la protección de estos dirigentes y profesionales, quienes ponen su vida en defensa de la naturaleza, porque tienen la claridad de que al no protegerla es claudicar el futuro de sus familias y quienes habitan en el territorio. Todo esto reafirma que la ciudadanía y en particular los líderes ambientales se encuentran desprotegidos, los que frecuentemente deben ir a estampar las denuncias respectivas contra quienes resulten responsables, pero la justicia no se encuentra operando, debido a que los fiscales no ordenan que haya una investigación.

Por todo lo anterior es que organizaciones sociales y no gubernamentales, hacemos el llamado al Gobierno para que este firme el Acuerdo de Escazú, como medida de protección a los defensores del medio ambiente, y expresamos a los 3 poderes del Estado y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las graves amenazas a las que se están viendo sometidos nuestros compañeros y compañeras de causa.

Como organizaciones de la sociedad civil, nos negamos a aceptar estas prácticas que profundizan las grietas de nuestra democracia, manifestamos nuestro apoyo a quienes han sido vulnerados, incluso apoyando en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.

Por último, a las empresas, que utilizan estas prácticas, decirles que nos les tenemos miedo, porque somos una gran cadena, formada con miles de personas que a diario resisten desde las diversas trincheras, en donde la verdad, la compresión, la cooperación y el amor por lo que hacemos, son más fuertes que el acto cobarde de amedrentar.

Firman:

Fundación Chile Sustentable.

SCAC Antofagasta.

Centro ProSus.

Fundación Newenko.

Corporación Programa La Caleta.

Movimiento MOVILIZANDONOS por una cultura de Derechos de NNA en Chile.

Ecosistemas.

CEUS Chile.

Fundación Geonativa.

Secretaría de Ecología y Medioambiente FECh.

FIMA.

Alerta Isla Riesco.

Defensoría Ambiental.

Greenpeace.

Territorios Colectivos.

Agrupación Aisén Reserva de Vida.

Ciudadanos y Clima.

Fundación Plantae.

Fundación La Alameda.

Fundación Multitudes.

FENAPRU Chile.

Corporación El Canelo Nos.

Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo.

RedBioLAC.

Defendamos Chiloé.

CODEFF.

Fundación Terram.

Centro de Análisis Socioambiental.

Fundación Tantí.

OPSAL.

Fundación Mingako.

Observatorio Ciudadano.

Chile Ambiente.

SCAC Magallanes.

Fundación Glaciares Chilenos.

Fundación Otros Cruces.

Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación.

Verde Nativo El Monte.

Latin American Soludarity Network (LASNET, solidarity@gmail.com).

Chile Solidarity Campaign-Australia.

Solidarity with Chile Melbourne.

Mapuche Australia Solidarity.

Coordinación Patagonia Sin Mineras (EQUUS OUT!)-Melbourne-Australia.

Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en Madrid).

PEN Editions.

Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público.

Fernanda Salinas Urzúa, Doctora en Ecología, Profesora de Sustentabilidad, Universidad de Chile.

Todos los derechos reservados 2021.

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