Nueva Ley 36-26 actualiza el esquema de aportes empresariales por residuos sólidos
Los cambios actualizan el régimen de aportes económicos destinado a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el país.
Miécoles, 15 de julio de 2026, por Isidro Valdez
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, luego de que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso Nacional mediante un procedimiento de urgencia.
La promulgación fue comunicada al Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien informó que la nueva legislación entró en vigor desde el momento de su promulgación.
Entre las principales modificaciones figura una actualización de la escala de contribuciones que deberán realizar las empresas, tomando como referencia sus ingresos brutos anuales.
La normativa establece que las empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesos deberán realizar un aporte anual de 5,000 pesos. Con esta modificación, se amplía el rango de compañías incluidas en el primer nivel de contribución, que anteriormente abarcaba únicamente a aquellas con ingresos de hasta un millón de pesos.
Asimismo, la ley contempla ajustes en los aportes correspondientes a otros segmentos empresariales, incluyendo las compañías con mayores niveles de facturación, conforme a la escala establecida en la nueva legislación.
De acuerdo con las autoridades, los recursos recaudados contribuirán al fortalecimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos, el reciclaje y la protección del medio ambiente.
Tras la promulgación de la ley, representantes de distintos sectores han manifestado posiciones a favor y en contra de la reforma. Mientras algunos consideran que los cambios permitirán fortalecer el sistema de gestión de residuos, otros han expresado preocupación por el impacto económico que las nuevas contribuciones podrían representar para determinadas empresas.
La implementación de la Ley 36-26 marca una nueva etapa en la aplicación del marco legal que regula la gestión de residuos sólidos en la República Dominicana, con un esquema de contribuciones ajustado a los niveles de ingresos de las empresas.
