Ministerio Público solicita prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para Maribel
Lunes 16 de Junio de 2025, por El País (España)
El órgano presentó más de 130 elementos de prueba, entre ellos fotografías, testimonios, informes periciales y documentos internos.
Santo Domingo, – El Ministerio Público solicitó este sábado al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó más de 230 personas fallecidas.
Junto a Espaillat, también fue imputada su hermana Maribel Espaillat, administradora del local, para quien se solicitó arresto domiciliario. Ambos están acusados de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias, entre otros cargos.
Según el expediente, el colapso se produjo por graves negligencias estructurales. El Ministerio Público acusa a los imputados de haber eliminado una columna de soporte para ampliar el área del escenario, así como instalar equipos pesados en el techo sin evaluación técnica. A esto se suma la decisión de no suspender el evento pese a advertencias internas sobre las condiciones peligrosas del local.
El órgano persecutor presentó más de 130 elementos de prueba, entre ellos fotografías, testimonios, informes periciales y documentos internos que, a su juicio, justifican la medida de coerción más severa.
Asimismo, el Ministerio Público advirtió que existen riesgos procesales, como la posible obstrucción de la investigación, manipulación de testigos y destrucción de evidencia, especialmente en el caso de Antonio Espaillat.
La audiencia de conocimiento de medidas fue aplazada para el miércoles 18 de junio a las 11:00 de la mañana, a solicitud de la defensa, que pidió tiempo adicional para estudiar el expediente. El juez a cargo del caso es Rigoberto Sena.
Las familias de las víctimas han valorado positivamente la solicitud del Ministerio Público, señalando que esperan una respuesta firme del sistema judicial frente a lo que califican como “una tragedia por negligencia y codicia”.
