Ministerio Público apelará sentencia que favorece a acusados del caso Super Tucano
El Ministerio Público informó este lunes que apelará la sentencia absolutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a favor de los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
José Miguel Marmolejos, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que como corresponde en un Estado de derecho, ese órgano interpondrá los recursos que establece la ley, que en este caso es el de apelación.
“En el presente caso en el día de hoy el tribunal ha hecho un resumen sucinto de las motivaciones. Está pendiente entregarnos la resolución íntegra; sin embargo,
podemos adelantar que, en las declaraciones que hizo el tribunal, hemos observado contradicciones de argumentaciones que nosotros no compartimos”, dijo el representante del Ministerio Público.
La decisión de las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera declara no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor.
Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
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También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El órgano persecutor inició en noviembre
