Por: Juliana Pie, periodista de investigación
Ojadiario sábado, 29 de noviembre 2025
En la provincia de La Romana, la Ley 64-00 —pilar de la protección ambiental en la República Dominicanacontinúa siendo ignorada de forma alarmante por las autoridades locales. Aunque esta legislación establece con claridad las responsabilidades del Estado y sus instituciones en la preservación del medio ambiente, la realidad muestra un incumplimiento sistemático, especialmente en lo referente a los artículos 7 y 16.
El Artículo 7 de la Ley 64-00 establece que el Estado y todas sus dependencias deben garantizar la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Este mandato incluye la supervisión estricta de vertederos, la preservación de áreas verdes y la gestión adecuada de residuos. Sin embargo, en La Romana prevalece la negligencia: cúmulos de basura en sectores urbanos, falta de fiscalización en actividades comerciales contaminantes y un deterioro progresivo de los espacios naturales.
Por su parte, el Artículo 16 obliga a las instituciones públicas y a los municipios a implementar políticas ambientales eficaces y sostenibles, así como a sancionar a quienes degraden el entorno. Pero en lugar de aplicar la ley, los incumbentes han normalizado la inacción. Denuncias comunitarias revelan que operativos de limpieza son esporádicos, no existe continuidad en los programas de educación ambiental y la permisividad hacia prácticas nocivas se ha convertido en rutina.
En La Romana, la ciudadanía siente que vive en un territorio donde la legislación ambiental es un simple documento decorativo. La falta de voluntad política, unida a la ausencia de supervisión real, ha permitido que las violaciones ambientales aumenten mientras los responsables permanecen en silencio.
Los expertos advierten que el deterioro se hará irreversible si la provincia continúa ignorando el espíritu de la Ley 64-00. La Romana necesita autoridades que comprendan que la protección del medio ambiente no es opcional: es un mandato legal, ético y un derecho fundamental de la población.
La pregunta que queda es directa:
¿Hasta cuándo seguirán los incumbentes ignorando una ley que debería proteger el futuro de todos?
