La justicia dominicana cierra disputa por depósito vinculado a Trujillo y ordena que los fondos pasen al Estado
Los hijos de Lina Altagracia Lovatón reclamaban una suma que, según sus cálculos, superaba los US$100 millones.
Viernes, 14 de agosto de 2026, por Isidro Valdez
Santo Domingo. Un prolongado conflicto judicial relacionado con un depósito bancario atribuido al régimen de Rafael Leónidas Trujillo llegó a su fin tras una decisión definitiva de los tribunales dominicanos, que establecieron que los recursos pertenecen al Estado.
El origen del caso se remonta a 1950, cuando fueron depositados US$2.3 millones en el Banco de Reservas a nombre de Lina Altagracia Lovatón Pittaluga, con quien el dictador tuvo dos hijos.
Años después, Rafael José Ramón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón iniciaron acciones legales para reclamar el dinero como herederos de su madre. En el curso del proceso sostuvieron que, debido a los intereses acumulados durante varias décadas, el monto habría superado los US$100 millones.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia determinó en 2025 que esos fondos estaban comprendidos dentro de las disposiciones de la Ley 5785-62, al considerar que tenían origen en recursos públicos obtenidos de manera ilícita durante la dictadura.
La alta corte concluyó que el depósito debía ser reintegrado al patrimonio del Estado dominicano. Posteriormente, los reclamantes acudieron al Tribunal Constitucional en un intento por revertir la decisión, pero su recurso fue rechazado.
Con este fallo quedó cerrada una controversia que se extendió por más de siete décadas y que giró en torno a una de las fortunas más significativas vinculadas al régimen trujillista.
