Jueza ordena nuevo estudio científico sobre impacto de barcazas de Karpowership en Azua
Jueves, 16 de abril de 2026, por Isidro Valdez
Orden judicial busca esclarecer con base científica los posibles daños ambientales y a la salud en Azua.
Azua, R.D. – La jueza de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Azua ordenó, mediante sentencia, la realización de un nuevo estudio técnico para evaluar los impactos ambientales y sanitarios de las barcazas de la planta eléctrica del Proyecto Karpoweship, ubicado en Puerto Viejo, Los Negros de Azua.
El estudio, el cual deberá ser avalado por la Academia de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a una comisión científica, busca que los resultados servan como base para la emisión del fallo definitivo, el cual estará sustentado en datos científicos.
La disposición establece que tanto la Academia de Ciencias como la comisión científica de la UASD deberán analizar de manera rigurosa los efectos de las operaciones de las barcazas, en respuesta a las preocupaciones sobre posibles daños ecológicos y afectaciones a la salud de los residentes de la zona.
La decisión fue valorada como un paso positivo por los abogados que representan a las comunidades afectadas, quienes además exhortaron al Gobierno a no renovar el contrato de las instalaciones, el cual vence en el mes de mayo.
En ese sentido, el jurista Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), expresó:
“Esa decisión, yo creo que fue una decisión sabia, a los fines de que el juez, la juez quede totalmente edificada con conocimientos científicos, a partir de ese momento entonces, y con los argumentos de las partes le va a permitir tanto a la Karpowership después que lleguen los informes como a las instituciones del gobierno que hagan su réplica», destacó Cuevas Medina luego de la audiencia.
La acción de amparo fue interpuesta por las comunidades directamente afectadas, junto a INSAPROMA, la CNDH-RD, el Comité Nacional de Cambio Climático y Ciudadanos Contra la Corrupción (C3). En ella se solicita el retiro de las barcazas, alegando que operan en un área protegida sin contar con estudio de impacto ambiental ni licencia ambiental, lo que constituye una violación a los derechos fundamentales de disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El equipo legal que representa a las comunidades está encabezado por Euren Cuevas Medina, acompañado por los abogados Eddy Rossi, Benustrides Beltre, Cesar Arias y Agapito Figuereo.
Las organizaciones demandantes reafirmaron su compromiso con la protección del medio ambiente y requieren la anulación de la licencia ambiental del proyecto, al considerar que fue otorgada sin respetar principios esenciales como la legalidad, la participación ciudadana y la sostenibilidad.
