INSAPROMA libra batalla legal contra ocho abogados del Gobierno y KarpowerShip
Viernes, 05 de diciembre de 2025, por Isidro Valdez
La entidad y otras organizaciones defienden el derecho de las comunidades a un ambiente sano frente a la instalación de barcazas eléctricas.
Azua, R.D.– En una batalla jurídica digna de una película de acción, los abogados del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfrentaron en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Azua, a dos abogados de la empresa KarpowerShip Dominicana, S.A.S., propietaria de las barcazas generadoras de electricidad instaladas en el área protegida de la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, así como a seis abogados más del gobierno que defendían a la compañía frente al amparo por la violación del derecho humano de las comunidades de Los Negros, Proyecto 4 y Ganadero, en Azua.
Luego de una larga espera que se prolongó por más de cuatro horas en sala, llegó el turno de conocer la audiencia de amparo interpuesta por INSAPROMA y otras organizaciones, en favor del derecho de pescadores, agricultores, amas de casa y niños a disfrutar de un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad de Los Negros.
La audiencia fue aplazada para el 13 de enero de 2026, a solicitud de la parte accionada y de los intervinientes forzosos y voluntarios, con el objetivo de presentar nuevas pruebas. Los abogados de la parte accionante: Euren Cuevas Medina de INSAPROMA, Eddy Rossy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Benustride Beltre y Agapito, se opusieron al aplazamiento.
Con esta decisión, ya suman cuatro los aplazamientos registrados en el proceso, sin que hasta la fecha se haya arribado a una solución definitiva.
La acción de amparo fue interpuesta por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Inc. (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), Ciudadanos contra la Corrupción C3, la Fundación Macorís Verde, el Grupo Ecológico Quisqueya, el Grupo CAE, la Fundación Ambiente y Salud–Roseva, la Fundación Bienestar Social y Solidario y la Fundación Danimidi.
Este intenso proceso ha generado gran preocupación a nivel comunitario y nacional debido a los daños ambientales y sociales que implicaría el proyecto, por lo que la atención se centra ahora en la próxima audiencia, donde se espera que el tribunal continúe conociendo el caso con todas las partes involucradas.
Las organizaciones accionantes reiteraron su firme compromiso con la defensa del medio ambiente y exigieron que se deje sin efecto la licencia ambiental otorgada la empresa, al considerar que fue emitida en violación a los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad.
