Santo Domingo, R.D. – Hablar de extorsión y chantaje es tocar un tema que, aunque parece sacado de una película de mafias, lamentablemente sigue estando muy presente en la realidad dominicana.
Ambas conductas tienen un elemento en común: el abuso de poder y el aprovechamiento del miedo de las víctimas. Y lo cierto es que, aunque estas prácticas no son nuevas, el Estado dominicano se ha visto en la necesidad de endurecer su respuesta legal con el nuevo Código Penal (Ley 74-25), recientemente aprobado.
El nuevo Código Penal y el tratamiento de la extorsión
El viejo Código Penal, ya contemplaba estas conductas, pero con un enfoque que se había quedado corto frente a la criminalidad moderna. El nuevo Código Penal de 2025 viene a reforzar el marco legal, incluyendo sanciones más severas y adaptándose a realidades actuales, como el uso de las tecnologías para cometer chantajes digitales o la creación de videos falsos (deepfakes) con fines extorsivos.
staba claramente regulado.
Ahora bien, ¿Qué tanto impacto real tendrá esta actualización legal? En mi opinión, el gran desafío no está en la letra de la ley, sino en su aplicación. La extorsión en República Dominicana no solo se da en la delincuencia común, también hemos escuchado casos donde figuras con poder político, económico o incluso en instituciones públicas, han utilizado mecanismos de presión muy parecidos al chantaje.
De poco sirve endurecer las penas si el sistema judicial no garantiza igualdad ante la ley. Si un ciudadano común es condenado por extorsionar con una amenaza por WhatsApp, mientras un funcionario con poder utiliza el chantaje político sin consecuencias, la justicia queda en entredicho.
La extorsión y el chantaje son delitos que atacan directamente la libertad, la dignidad y la seguridad de las personas. El nuevo Código Penal dominicano da un paso firme al actualizar y endurecer las sanciones. Sin embargo, el verdadero reto será hacer cumplir la ley de manera equitativa y garantizar que no exista impunidad, sobre todo en los casos donde los extorsionadores no son delincuentes comunes, sino personas con poder.
La sociedad dominicana debe ver en esta reforma no solo un cambio en los artículos de un código, sino una oportunidad para exigir un sistema judicial más justo, donde nadie pueda abusar del miedo ajeno para enriquecerse o mantenerse en el poder.
La autora es abogada del proyecto Asistencia Jurídica Solidaria de INSAPROMA.
Licda. Yiseni Montero
