Jueves 13, feb de 2025. Por Kelvin Isidro Valdez
Santo Domingo, DN – Recientemente, el superintendente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, señaló una realidad alarmante: más del 50% de los ingresos de los hogares dominicanos se destinan a gastos relacionados con la salud. Este dato, que a primera vista parece una cifra excesiva, refleja una situación que, lejos de mejorar, podría empeorar si no se toman medidas urgentes. A medida que los costos de atención médica siguen aumentando, este modelo de financiamiento de la salud está demostrando ser insostenible.
Según la Encuesta Nacional de Salud 2022 (ENSA 2022) del Banco Central, los hogares dominicanos gastan en promedio RD$4,208 mensuales en servicios y productos de salud. Este monto representa el 18.3% de los ingresos mensuales de un hogar, que en promedio ascienden a RD$22,977. Esto significa que más de una quinta parte de los ingresos de cada hogar se destinan a su bienestar físico, dejando una carga financiera significativa sobre las familias.
El panorama empeora cuando se observa cómo se distribuyen estos gastos. La mayor parte de estos recursos se destinan a productos farmacéuticos, que representan un 55.3% del total del gasto en salud. En términos numéricos, esto equivale a unos RD$100,270 millones, lo que se traduce en aproximadamente 1,790 millones de dólares, o el 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta elevada proporción de gasto en medicamentos pone de manifiesto la dependencia de los hogares dominicanos de productos farmacéuticos y los altos costos que deben afrontar para mantener su salud.
En su intervención, Ceara Hatton enfatizó que este nivel de gasto no es sostenible y que es fundamental encontrar un equilibrio entre la salud como un derecho y la salud como mercancía. Es una reflexión que resuena con la necesidad de repensar el modelo de atención sanitaria en la República Dominicana. Si continuamos con este patrón de gasto desmesurado, no solo se afectará la estabilidad económica de las familias, sino que también pondrá en peligro el bienestar social en su conjunto.
Es urgente que se busquen soluciones que mitiguen la carga económica de los hogares. El Estado, los sectores privados y las instituciones deben trabajar de manera conjunta para crear un sistema de salud que sea accesible para todos, sin que el precio sea una barrera insuperable. La salud debe ser vista como un derecho humano fundamental, y como tal, debe garantizarse de manera equitativa y justa para todos los ciudadanos, sin importar su nivel de ingresos.
