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El Coral 5G: Los 25 candados

Santo Domingo, RD

En el documen­to de solicitud de medida de coerción con­tra los 13 im­putados en el caso Coral 5G, la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa (Pepca) sostie­ne que estos crearon em­presas, evitaban auditorías con cuadres ficticios, utili­zaban bienes incautados como propios y destruye­ron y fabricaron eviden­cias para mantener oculta la red, entre otras activida­des delictivas.

Según la solicitud de medi­das de coerción en contra de los encartados, que consta de 634 páginas en las que seña­la 25 características que tenía la red, el grupo creó institu­ciones para suplirles combus­tibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para lo que realizaban cua­dres ficticios.

Según la instancia, los im­putados “nombraron perso­nas de confianza en los de­partamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimen­ticias, inteligencia y cuen­tas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.

Señala que el grupo tam­bién asignó partidas mi­llonarias mensuales para raciones y operaciones de in­teligencia, que eran utiliza­das para gastos personales e inversiones de los directo­res y financieros de las insti­tuciones.

Afirma que también exi­gían sumas millonarias, co­mo sobornos, a empresa­rios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Se­guridad Turística (Cestur).

Asimismo, anota la acusa­ción, “utilizaron militares y policías que se prestaron pa­ra hacer millonarias transac­ciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fon­dos extraídos del patrimonio público, a través de institucio­nes castrenses y otras organi­zaciones”.

Según el expediente, los pro­cesados “inyectaron dinero en una empresa disfrazada de aso­ciación, que realizó operacio­nes millonarias típicas de una organización empresarial, pe­ro con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio aparien­cia de una Organización no Gu­bernamental”, explica.

Indica que pese a la crea­ción de las empresas para ad­quirir bienes, estas no presen­tan operaciones comerciales, y establece que su único fin era “darle apariencia licita a las propiedades que adqui­rían los miembros de la orga­nización”.

Señala que en ese proce­so también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma “son maniobras propias del crimen organiza­do y le servían de escudo para disfrazar operaciones millo­narias de lavado de activos”.

Los implicados “distraje­ron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanom­bres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobra­do, cada mes, para ser distri­buido entre los miembros de la organización”.

El Ministerio Público afir­ma que esta red utilizaba se­llos de la Contraloría Gene­ral de la República y otras instituciones para dar apa­riencia licita a sus operacio­nes.

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