Santo Domingo, RD
En el documento de solicitud de medida de coerción contra los 13 imputados en el caso Coral 5G, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que estos crearon empresas, evitaban auditorías con cuadres ficticios, utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas.
Según la solicitud de medidas de coerción en contra de los encartados, que consta de 634 páginas en las que señala 25 características que tenía la red, el grupo creó instituciones para suplirles combustibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para lo que realizaban cuadres ficticios.
Según la instancia, los imputados “nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.
Señala que el grupo también asignó partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia, que eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas millonarias, como sobornos, a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Asimismo, anota la acusación, “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
Según el expediente, los procesados “inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”, explica.
Indica que pese a la creación de las empresas para adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y establece que su único fin era “darle apariencia licita a las propiedades que adquirían los miembros de la organización”.
Señala que en ese proceso también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma “son maniobras propias del crimen organizado y le servían de escudo para disfrazar operaciones millonarias de lavado de activos”.
Los implicados “distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”.
El Ministerio Público afirma que esta red utilizaba sellos de la Contraloría General de la República y otras instituciones para dar apariencia licita a sus operaciones.
