Denuncian incumplimiento de sentencia contra Endy Agroindustrial y retardo judicial en caso de contaminación del río Licey
Miércoles, 04 de febrero de 2026, por Isidro Valdez
Exigen respeto a la Constitución y a las leyes ambientales
MOCA, R.D. – Diversas organizaciones sociales y ambientales denunciaron el incumplimiento de la sentencia judicial que condena a la empresa Endy Agroindustrial al pago de una multa de 25 millones de pesos, así como a su gerente propietario, Avelino Sarante, a un año de prisión, por los daños ambientales ocasionados al río Licey y a las comunidades de la Ceiba de Madera.
De acuerdo con las denuncias, pese a la decisión judicial y a los compromisos asumidos para el saneamiento del río Licey, el manejo adecuado de la granja avícola y el funcionamiento de una comisión de veedores, la empresa continúa contaminando, en abierta violación a la sentencia y a la normativa ambiental vigente.
Las comunidades afectadas señalan que la persistencia de la contaminación evidencia una falta de cumplimiento y de supervisión efectiva, lo que agrava el daño ambiental y social en la zona, afectando el derecho constitucional de la población a vivir en un ambiente sano.
A esta situación se suma un grave fallo del sistema de justicia, ya que desde finales del año 2024 cursa un recurso de apelación pendiente que no ha sido remitido a la Corte correspondiente, a pesar de que todas las partes apelaron la decisión hace más de un año. Euren Cuevas Medina director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA Y Basilio Rojas coordinador delComité por la Salud de Ciba de Madera San Victor, dijeron que este retraso injustificado genera preocupación y pone en entredicho la eficacia de la justicia ambiental.
Los denunciantes advierten que la dilación procesal favorece la impunidad, permitiendo que una empresa condenada continúe operando sin cumplir las sanciones ni las medidas de reparación ambiental ordenadas por los tribunales.
Ante este escenario, se hace un llamado urgente a las autoridades judiciales, ambientales y administrativas para que hagan cumplir la sentencia, agilicen el proceso de apelación y actúen conforme a la Constitución de la República y las leyes ambientales, garantizando la protección del río Licey y los derechos de las comunidades afectadas.
La justicia ambiental no puede seguir postergándose.
