Ante la puesta en evidencia del escandaloso entramado que ha dado como resultado la titulación de más de 14 millones de metros cuadrados de terreno en Pedernales y el anuncio de un megaproyecto turístico en el Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo – Pedernales (conocido como Bucanyé), la Coalición para la defensa de las áreas protegidas reclama que el gobierno dominicano y el sistema de justicia frenen de una vez y por todas la cultura de impunidad que persiste en la apropiación fraudulenta de terrenos protegidos por la Constitución y las leyes.
Resulta inconcebible que , a pesar de las denuncias que se han venido haciendo de manera consistente desde hace casi un año, el gobierno haya cedido a las pretensiones de una empresa de capital español y dominicano y la apoyara en el proceso de trámite de los títulos en la Parcela 40 de Enriquillo, con base al mismo esquema fraudulento que operó para tratar de enajenar Bahía de las Águilas y que ha sido debidamente demostrado en los tribunales.
Es sencillamente insólito que se alegue que las instituciones del gobierno «desconocían que se trataba de un área protegida», cuando varios de sus técnicos y funcionarios (incluyendo al ministro de Medio Ambiente y el viceministro de Áreas Protegidas) han estado al tanto de todos estos procesos desde junio de 2022 y muchos de los títulos han sido emitidos en fechas posteriores.
Este desinterés de las autoridades competentes por defender el interés general sobre el particular quedó claramente evidenciado cuando la DGAPP y el Fideicomiso ProPedernales pretendieron incluir entre los terrenos del patrimonio fideicomitido más de 6 millones de metros de la misma área protegida y la misma parcela, aunque luego del clamor público se hizo la corrección oportuna de ese propósito, ahora nos enfrentamos a un segundo intento -en pocos meses- de apropiación de una porción del área protegida por parte de supuestos inversionistas.
La Coalición que representa diversos grupos ambientalistas ha reiterado en múltiples ocasiones que hasta tanto no haya un régimen de consecuencias severo, hasta que no se judicialicen los procesos hasta las últimas consecuencias, contra todos aquellos que por acción u omisión atentan contra la constitución y las leyes, incluyendo los funcionarios que se involucran en estos fraudes, la seguridad jurídica del país estará en entredicho y el Sistema de Áreas Protegidas seguirá siendo vulnerable y asediado.
Concluimos diciendo que es un deber moral y político del gobierno gestionar la inmediata anulación de esta trama fraudulenta y la restitución a nombre del Estado Dominicano de todos los títulos de esta área protegida, en seguimiento a las sentencias que han emitido los tribunales de la república, en torno a las Parcelas 215-A, 40 y 215-B , y es una obligación del sistema de justicia procesar ante los tribunales a los violadores de las leyes y a los funcionarios cómplices y coautores del delito.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana. Esta carta la firman: La Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation, el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y Guakía Ambiente.
