CASO DEFENSORES AMBIENTALES: LEGISLADORES OFICIALISTAS CITADOS COMO TESTIGOS EN JUICIO ORAL CONTRA CONSERVACIONISTAS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA
El juicio partirá mañana 5 de noviembre de 2024coincidiendo con la visita a Chile del Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Olmué. Región de Valparaíso. Chile. 23.10.224. El Senador de la Región de Valparaíso Juan Ignacio Latorre y los diputados Carolina Marzán (PPD) y Diego Ibáñez (FA) fueron citados como testigos en el juiciooral que persigue condenar a seis defensores ambientales por su oposición “injustificada” a obras del proyecto de transmisión eléctrica “Cardones-Polpaico”.
El caso de defensores ambientales (primer caso en Chile) se inició en el año 2019 mediante cinco querellas penales presentadas por latransnacional ISA-INTER CHILE en contra de activistas que realizaron una protesta al interior de una de las torres de alta tensión que se instaló en La Dormida al interior de la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas.
Posteriormente, Cuatro procesos conexos fueron desechados pero el Fiscal Guillermo Sánchez insistió en arrastrar a juicio a los defensores curiosamente cinco años más tarde por haberse opuesto “injustificadamente” a la construcción de una torre del proyecto de transmisión de propiedad del conglomerado Chile-colombiano ISA-INTER CHILE.
Este proyecto tuvo una fuerte oposición ciudadana por graves incumplimientos ambientales. Además, la Región de Valparaíso fue testigo de las consecuencias fatales de un helicóptero que capotó en Quilpué, el cual prestaba servicios a una contratista de ISA- INTER CHILE. Producto de los hechos de marzo del 2019, fallecieron 6 tripulantes de la aeronave.
Pese a que el proyecto está en plena operación, el Ministerio Público decidió “escarmentar” a los defensores por vía de criminalizar la protesta ambiental en el marco del intenso lobby de la SOFOFA por desregular la protección ambiental.
La acometida empresarial busca presionar al Gobierno para reducir los plazos y el número de permisos sectoriales en la tramitación ambiental de grandes proyectos e impedir -de forma indirecta- los escasos espacios de acceso a justicia y participación ciudadana, un mecanismo de cabildeo empresarial sin precedentesdesde el retorno a la democracia.
El Ministerio Público y la empresa INTER CHILE han ofrecido una batería de peritos y testigos, todos quienes viajarán desde distintas localidades con cargo al erario Fiscal. El juicio oral se llevará ante el Juzgado de Garantía de Limache en contra de los defensores Esteban Luis Quezada Henríquez, Natalie Sofía Berger Barrera, Tatiana Micaela Leiva, Mario Esteban Aravena Zamora, Nancy Analina Sagredo Sandoval, y Cristian Antonio Jorquera Venegas.
Los abogados de la defensa privada solicitaron la asistencia delos congresistas en calidad de testigos. Los legisladores aprobaron el informe de la Comisión Investigadora sobre Cardones-Polpaico, el cual concluyó que durante su evaluación ambiental existieron anomalías e incumplimientos. La citación a los congresistas forma parte de la prueba de la defensa en el juicio programado para el 5 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, ante el Juzgado de Garantía de Limache.
El juicio penalen contra de los defensores ambientales coincidirá con la visita a Chile de los integrantes del Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en el marco de su función de consulta y dialogo periódico, programada entre el 4 al 8 de noviembre de 2024 (https://www.cepal.org/es/eventos/visita-chile-comite-apoyo-la-aplicacion-cumplimiento-acuerdo-escazu) La abogada costarricense Patricia Madrigal ejerce la presidenciadel Comité.
El Acuerdo de Escazú́ obliga a los Estados y sus instituciones a garantizar entornos seguros para las personas defensoras del medio ambiente, evitar su criminalización judicial, así́ como reconocer su labor y proteger sus derechos.En este contexto, el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (Chile 2024-2030) ya ha identificado casos de defensores del medio ambiente que han sufrido “amedrentamiento y hostigamiento hacia las familias o círculos cercanos de estas personas, como también de sus bienes físicos y empleos, y se identifica la utilización de la legislación para su criminalización», como es el caso del Artículo 272 del Código Penal que criminaliza a quienes, por vías de hecho, se opongan, sin motivo justificado, a la ejecución de trabajos públicos ordenados o permitidos por autoridad pública.
Finalmente, el referido Plan de Implementación expone la existencia de “asimetría entre comunidades y empresas frente a procedimientos judiciales, por razones económicas y técnicas, lo que se refleja en la capacidad de acceder a defensa legal y de generar prueba por ser aportada en juicio.»
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