Aplazan primera audiencia por nuevas barcazas a solicitud de empresa Karpowership
Jueves, 6 de noviembre de 2025, por Isidro Valdez
La empresa solicitó la intervención forzosa del Ministerio de Medio Ambiente en el proceso judicial.
Azua, R.D.– La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Tribunal de Primera Instancia de la Provincia de Azua aplazó la mañana de este jueves la primera audiencia del proceso legal relacionado con llegada de dos nuevas barcazas generadoras de energía eléctrica en la comunidad de Los Negros, provincia de Azua.
La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 13 del presente mes, luego de que Karpowership Dominican Republic, S.A.S solicitará la intervención forzosa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que obliga a incorporar formalmente a dicho organismo estatal en el expediente; la parte accionante no se opuso a la solicitud de la empresa extranjera.
Dicha acción de amparo fue interpuesta por: El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Inc. (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), Ciudadanos contra la Corrupción C3, Fundación Macorís Verde, Grupo Ecológico Quisqueya, Grupo CAE, Fundación Ambiente y Salud- Roseva, Fundación Bienestar Social y Solidario, Fundación Danimidi.
Este primer conocimiento del caso había generado expectativas entre residentes de Los Negros de Azua y organizaciones sociales y ambientales, quienes esperaban que el proceso avanzara hacia una respuesta definitiva. Sin embargo, la intervención solicitada por la empresa Karpowership añade una nueva fase jurídica que deberá cumplirse antes de entrar en los debates de fondo.
El caso ha despertado preocupación a nivel comunitario y nacional por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto, por lo que la atención se concentra ahora en la próxima audiencia, donde se espera que el tribunal continúe el proceso con todas las partes involucradas.
Las organizaciones accionantes reiteraron su firme compromiso con la protección del medio ambiente y exigieron que se deje sin efecto la licencia ambiental otorgada. Sostienen que dicha autorización fue emitida en violación a los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad, pilares que deben regir toda decisión ambiental en el país.
