Aplazan audiencia contra Barrick Gold por petición de la parte accionante
Martes, 5 de agosto de 2025, por Kelvin Isidro Valdez
INSAPROMA pidió aplazar la audiencia tras alegar que desconocía el contenido de dos nuevos documentos depositados el día de ayer por los abogados de la minera.
Santo Domingo, R,D – La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el próximo 2 de septiembre la tarde de hoy, la audiencia correspondiente a la acción de amparo interpuesta contra la empresa minera Barrick Gold, a solicitud de la parte accionante.
Durante la audiencia, celebrada hoy martes al mediodía de manera virtual, la parte accionante comandada por INSAPROMA, solicitó el aplazamiento al alegar que desconocía el contenido de dos documentos depositados por los abogados de la minera el día anterior. Sin embargo, la defensa de la empresa canadiense alegó que dichos documentos, fueron notificados vía correo electrónico a todas las partes, alegato que Euren Cuevas Medina, (director ejecutivo de INSAPROMA desmintió). Aun así, las partes demandadas no se opusieron a la solicitud, aunque indicaron estar listos para continuar con el proceso.
El aplazamiento permitirá a las partes accionantes analizar a fondo la documentación presentada, de cara a la próxima audiencia fijada para el próximo 2 de septiembre.
La acción de amparo fue presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Red Socioambiental Nacional y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC). Las organizaciones demandantes buscan detener las presuntas violaciones a derechos humanos y ambientales atribuidas a la minera, con la participación de cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La demanda presentada enfrenta las presuntas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente atribuidas a la empresa minera Barrick Gold desde que está opera en el país.
Este proceso judicial se considera histórico, pues defiende los derechos fundamentales de las comunidades impactadas por la minería a gran escala y marca un avance importante en la búsqueda de justicia ambiental en la República Dominicana.
