Dejan en estado de falla caso empresa Endy Agroindustrial
Jueves, 26 de marzo de 2026, por Isidro Valdez
Abogados ambientalistas alegan errónea aplicación de la ley 64-00.
La Vega. – El caso de contaminación ambiental contra la empresa Endy Agroindustrial, SRL, dio un nuevo giro este 25 de marzo, cuando la Corte Penal de La Vega, a través de su unidad de recursos de apelación, conoció la audiencia tras la decisión de todas las partes de impugnar la sentencia de primer grado, que había impuesto una multa de 25 millones de pesos y un año de prisión a su propietario, Avelino Sarante.
La decisión judicial, ahora bajo revisión, fue cuestionada tanto por el Ministerio Público como por los representantes de las víctimas y la propia defensa, quienes manifestaron su inconformidad con el alcance de las sanciones impuestas.
El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y las Comunidades, en representación de los afectados, alegó que el tribunal incurrió en una incorrecta aplicación del artículo 176 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, el cual establece multas que oscilan entre 5,000 y 20,000 salarios mínimos del sector público. Según indicaron, la sanción fijada se colocó por debajo del mínimo legal, pese al carácter imperativo de la norma.
Los abogados sostienen que la empresa incumplió la legislación ambiental al operar sin una planta de tratamiento de residuos oleosos y sólidos, lo que habría contribuido a más de cuatro décadas de contaminación en la zona.
De su lado, el Ministerio Público solicitó que la multa sea elevada a 150 millones de pesos, además del reconocimiento de INSAPROMA como actor civil válido dentro del proceso. Asimismo, pidió un aumento sustancial en las indemnizaciones a favor de las víctimas.
Según los reclamantes, algunas compensaciones otorgadas no superaron los 50,000 pesos, pese a los daños acumulados durante más de 40 años, por lo que ahora exigen montos que oscilen entre uno y un millón y medio de pesos, dependiendo de la magnitud de los perjuicios sufridos.
El caso permanece en proceso de revisión, a la espera de que el tribunal de alzada emita una decisión que, según sostienen las partes, responda de manera proporcional al impacto ambiental y social generado durante décadas.
