103 Defensores del Medio Ambiente en la República Dominicana: tradición, logros y desafíos
Jueves, 20 de noviembre del 2025, por A. Leonardo Mercedes Matos
Introducción
SANTO DOMINGO, R.D.- La defensa del medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana no es un fenómeno reciente ni episódico, es una tradición social que emerge desde las comunidades rurales y urbanas, organizaciones campesinas, iglesias y colectivos ambientalistas que a lo largo de décadas han resistido proyectos extractivos, de construcción y productivos, defendido fuentes de agua, hábitats de la biodiversidad y reclamado vigencia real de los derechos constitucionales.
Este trabajo recupera esa trayectoria, reconoce hitos y debilidades, analiza los riesgos actuales, incluyendo la dimensión que aporta el Acuerdo de Escazú, y propone, en términos generales, cómo fortalecer la protección de quienes defienden el ambiente en un contexto de fuertes presiones económicas, corrupción, impunidad, fragilidad institucional y cambio climático.
1. Memoria de Luchas y Momentos Significativos
La historia reciente registra episodios emblemáticos que han consolidado la conciencia ambiental pública y demostrado la capacidad organizativa de las comunidades, las ONG y el movimiento socioambiental. Entre esos episodios destacan siete casos: a) el rechazo de una cementera en Gonzalo, región de Los Haitises, b) el repudio a la instalación de barcazas para la generación eléctrica, en Puerto Viejo de Azua, c) la defensa de la Loma Miranda como Parque Nacional, d) la reprobación al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, e) la lucha contra la explotación minera de la Sierra de Bahoruco Oriental, en Barahona, f) el rechazo a los proyectos mineros de las empresas Unid Gold y Barrick Gold en la frontera, y g) los conflictos generados por el intento de esta empresa de construir una nueva Presa de Cola en El Naranjo, Cotuí. Estos episodios, aunque distintos en su naturaleza, comparten lecciones útiles para pensar la defensa ambiental en el país.
La lucha contra la instalación de una cementera en las cercanías del Parque Nacional Los Haitises (Gonzalo, Monte Plata) fue un momento relevante: movilizó comunidades, sectores urbanos y juveniles y organizaciones locales e internacionales y obligó a la suspensión o reubicación del proyecto, tras evidenciar riesgos sobre mantos acuíferos y ecosistemas frágiles. Ese éxito mostró que la articulación técnico-política, combinada con presión mediática y apoyo internacional, puede torcer decisiones favorables a intereses privados cuando se demuestra el daño potencial al bien común.
De manera análoga, las resistencias frente a la minería a gran escala, en particular las movilizaciones contra proyectos de las mineras Barrick Gold, GoldQuest, Unid Gold y Belfond Interprise, en Cotuí, San Juan de la Maguana, Dajabón y en Barahona, respectivamente, han sido constantes. El desarrollo de proyectos mineros y presas de cola han desatado protestas sostenidas y visibilizado el riesgo que implican estos elementos para los ríos, suelos, biodiversidad, vida y salud comunitaria y ambiental. Las manifestaciones en todos estos pueblos, intensificadas en los últimos años, muestran cómo la comunidad continúa movilizándose frente a propuestas desbastadoras y ante la percepción, frecuentemente fundada, de riesgos ambientales significativos.
De finales del siglo pasado destacan las intensas luchas encabezadas por Aniana Vargas, en Bonao, contra la devastación y contaminación del medio ambiente y los ríos por parte de la explotación minera de la empresa Falconbridge, así como la agitación social desarrollada alrededor de la elaboración y aprobación de los anteproyectos de leyes General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Sectorial de Áreas Protegidas.
Esas luchas han tenido resultados mixtos: han logrado detener temporalmente o condicionar proyectos, pero también han enfrentado represión, fragmentación y ofertas de compensación insuficientes.
Otras movilizaciones locales, como la de rechazo a la extracción de áridos en ríos, la tala y quema indiscriminada de bosques, deforestación de cuencas o la contaminación de ríos y costas, han ampliado la base social de la defensa ambiental, creando redes de apoyo entre comunidades, académicos, prensa y actores religiosos. En conjunto, estos episodios han contribuido a que el tema ambiental deje de ser un asunto técnico restringido para convertirse en un eje público de defensa de derechos y vida cotidiana.
2. Riesgos y Desafíos Actuales
A pesar de una arquitectura normativa reconocible, en la Constitución de la República, en las leyes General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), así como en Convenios internacionales, tales como el Acuerdo de París, las convenciones de la ONU, Marco sobre Cambio Climático, Diversidad Biológica, de Lucha contra la Desertificación, la Convención de Ramsar, relativo a humedales, entre otros, la vigencia efectiva de los derechos ambientales está limitada por problemas estructurales: incumplimiento regulatorio, debilidad institucional, corrupción, captura de decisiones por intereses privados y un aparato sancionador con capacidad limitada. En este contexto, los defensores ambientales enfrentan riesgos variados, que van desde la criminalización y amenazas hasta la violencia física, la negación de derechos, el desalojo y la pérdida de la vida y de medios para sostenerla.
La violencia y la criminalización son problemas centrales: quienes cuestionan proyectos extractivos o ilegales a menudo se topan con sanciones administrativas, denuncias penales o agresiones directas. La impunidad ante ataques a defensores ambientales, la infiltración de actores con redes de impunidad y la debilidad del sistema judicial para procesar estos casos configuran un entorno peligroso para la acción cívica y comunitaria en defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
A ello se suman riesgos derivados de la propia lógica extractiva: el agotamiento de servicios ecosistémicos, agua, suelos fértiles, bosques, biodiversidad, y los impactos del cambio climático, que amplifican las tensiones por recursos hídricos y tierras cultivables. La construcción de presas de relaves, por ejemplo, agrega una dimensión de riesgo catastrófico cuando no se aplican estándares rigurosos de ingeniería y supervisión independiente; informes y coberturas recientes han puesto en evidencia la preocupación legítima por la seguridad de estos depósitos y por la expansión de infraestructuras que pueden afectar poblaciones enteras.
Dos retos adicionales son: la creación de instrumentos legales que garanticen y protejan el pleno ejercicio de los derechos ambientales, lo mismo que el acceso a la información y a la participación real en los procesos de toma de decisiones. Sin una cobertura legal con herramientas eficaces de aplicación y protección, procesos participativos vinculantes y de transparencia proactiva sobre impactos ambientales, las comunidades y sus defensores ven reducida su capacidad de hacer valer derechos y controlar decisiones que afectan su entorno y futuro.
3. El Acuerdo de Escazú: Una Brújula Pendiente
El Acuerdo de Escazú constituye una referencia normativa y práctica sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, incluyendo medidas concretas de protección para defensores ambientales. Aunque el Tribunal Constitucional rechazó su firma o ratificación, el contenido del Acuerdo ofrece herramientas que pueden y deben incorporarse al ordenamiento legal e institucional nacional: transparencia obligatoria de información ambiental, mecanismos de participación vinculante y protocolos de protección para activistas. Adoptar esos estándares o emularlos en la legislación nacional, fortalecería la protección y daría mayor certidumbre a las comunidades y a las organizaciones socioambientales.
4. Propuestas para Fortalecer la Protección de las Personas Defensoras del Medio Ambiente
Desde la experiencia acumulada y los riesgos identificados, me surge proponer una batería de medidas articuladas, pensadas para traducirse en políticas públicas y en normativa efectiva:
- Reconocimiento legal y medidas de protección especializadas: definir legalmente a las personas y colectivos defensores ambientales;
- Crear una unidad interinstitucional de protección, con protocolos de evaluación de riesgo, respuesta rápida y coordinación entre el Ministerio Público, Ministerio de Medio Ambiente, Interior y la Policía Nacional.
c) Garantías de no criminalización y acceso efectivo a justicia: tipificar sanciones para funcionarios que criminalicen la protesta legítima, priorizar procesos judiciales por delitos contra ambientalistas y garantizar asistencia legal gratuita a comunidades afectadas.
d) Transparencia completa y participación vinculante: obligar a la publicación proactiva de información ambiental relevante, fortalecer los instrumentos de consultas previas y vinculantes en proyectos que afecten recursos locales y crear plataformas de monitoreo ciudadano de cumplimiento de la normas y los planes de manejo y de remediación ambiental.
e) Fortalecimiento institucional y fiscalización: dotar de recursos, independencia técnica y capacidad de sanción real a los organismos fiscalizadores ambientales; promover auditorías independientes para proyectos de alto riesgo (p. ej. mineros, presas hidroléctricas y de colas, plantas termoeléctricas, etc.)
f) Responsabilidad empresarial y debida diligencia: exigir a las empresas estándares de debida diligencia ambiental y social, medidas de cumplimiento extraterritorial para cadenas productivas y aplicar sanciones efectivas por incumplimiento.
g) Protección integral y reparación: fondos para protección y reparación integral (material, psicológica, comunitaria) para defensores agredidos, y mecanismos de reparación, asistencia e indemnización para comunidades afectadas por daños ambientales.
h) Integración del enfoque climático: políticas de adaptación y transición que prioricen medios de vida alternativos y resiliencia comunitaria (agroecología, ecoturismo y turismo sostenible, manejo comunitario de cuencas).
5. Perspectiva de Futuro
El futuro del movimiento ambientalista dominicano dependerá de tres factores determinantes:
- la toma de conciencia, el empoderamiento, la voluntad política y la moviliazión social para combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer el estado de derechos y la institucionalidad democrática real;
- la capacidad de las comunidades y ONG para consolidar redes sociales, técnicas y legales robustas; y
- la fuerza de presión local e internacional para que los gobiernos y las empresas cumplan con las disposiciones legales, respeten los derechos y apliquen estándares de seguridad.
Si convergen conciencia social, voluntad política, justicia efectiva y alternativas socioeconómicas sostenibles, es posible una transición ecológica que proteja recursos esenciales y reduzca conflictos. Si no se corrigen las fallas estructurales, las luchas continuarán en un contexto cada vez más peligroso, con efectos ambientales y sociales potencialmente irreversibles.
Conclusión
Reconocer la tradición del pueblo dominicano en la defensa del medio ambiente implica, tanto celebrar las victorias, como las movilizaciones que impidieron la instalación de la cementera en Gonzalo, Los Haitises, la construcción de la Presa de Cola en Yamasá y la explotación minera de Loma Miranda, y aprender de las dificultades y resistencias incompletas, como las disputas en torno a las explotaciones mineras de Romero, en San Juan, del Bahoruco Oriental, en Barahona, de Neita, en Dajabón, y la presa de cola en El Naranjo, de Cotuí.
Esas experiencias confirman que la defensa ambiental no es una función subsidiaria de la protesta, sino un componente esencial de la democracia y de la protección de los derechos humanos. Proteger a quienes defienden la vida y el ambiente exige transformar marcos legales en realidades operativas: instrumentos de prevención, acceso a la justicia, participación social en la toma de decisiones, fiscalización independiente y mecanismos de reparación. Solo así el país podrá garantizar que el derecho constitucional y universal a un ambiente sano sea una certeza real, no una promesa formal. FIN
